Investigación policial y empoderamiento criminal

En la serie de Netflix sobre Theodore Caczinski, el Unabomber - sobrenombre con que el FBI, antes de saber su identidad, usó para referirse al caso (UNABOM "University and Airline Bomber", bombardero de Universidades y Aerolíneas)-, hay una escena aleccionadora: el delincuente abruma al analista policial que hizo posible su captura, por su conocimiento de la “teoría del fruto envenenado”, que establece que las evidencias obtenidas a partir de una ilegalidad, carecen de validez y contaminan el acervo probatorio. Apostaba a que el Derecho operaría en su favor, a pesar de haber cometido los delitos de los que se le acusaba. 

Me he referido en otros textos a la complejidad de acreditar la figura de la delincuencia organizada. Lo haré en tanto no contemos con un equilibrio entre el modus operandi de los criminales y la enorme complejidad que implica la práctica de técnicas especiales de investigación. 

Es sencillo desestimar los esfuerzos que se realizan desde las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Irresponsablemente se ajusticia con golpes de mala reputación en redes y medios a los protagonistas de intentos fallidos al cumplir la función de la seguridad pública plasmada en la Constitución. Poco se habla de las asimetrías entre perseguidores y perseguidos.

Una escucha telefónica judicalizada a propósito de una investigación sobre delincuencia organizada hace algunos años, exhibía cómo un grupo contaba con servicios jurídicos y de capacitación para sus principales operadores. Su “formación” abarcaba técnicas y estrategias de defensa, así como medidas preventivas para no ser fácilmente imputados en caso de detención.

Hoy, los grupos criminales diseñan sus células para la impunidad. Como Caczinski, saben que existe un camino para huir de los alcances de la ley. En materia de delincuencia organizada, su acreditación es de máxima compejidad y el bloque normativo llega tarde a su objetivo, pues no evita la realización de dichas conductas. 

A propósito de la detención de “El Marro” en Guanajuato -éxito de las instancias estatales y federales-, cobra relevancia la necesidad de revisar el equilibrio entre investigadores y objetivos criminales. 

Que las policías municipales y estatales cuenten con herramientas y leyes que posibiliten investigar y sancionar delitos antes de que éstos evolucionen a figuras propias del crimen organizado, es la mejor alternativa para evitar casos de empoderamiento, como el del referido criminal.

“El Marro” es tan solo uno más de que alcanzó la cima de la delincuencia organizada por la facilidad con que pudo quebrantar la justicia cívica y cometer delitos del fuero común sin encontrar resistencia legal e institucional. Si su historia no convence a gobiernos locales y al federal de fortalecer capacidades civiles para investigar delitos y fortalecer la justicia cívica, veremos nacer nuevos “Marros” cada determinado tiempo. No basta haber aprobado un Modelo Nacional en ese sentido, si no se acompaña de presupuesto e instrumentación.

La semejanza entre los delincuentes empoderados es la creencia cínica, pero posible, de que la ley y su interpretación pueden favorcerles y que, además, cuentan con ventaja ante el raquítico aparato de investigación policial que caracteriza a la mayoría de corporaciones del país.

Urge modificar ese paradigma.