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JUFED respalda exhorto legislativo al OAJ para transparentar adscripciones; denuncia hostilidad contra personal
Nación
Claudia Bolaños
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó el exhorto presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) transparente los procesos de cambio de adscripción de personas juzgadoras y garantice el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales.
En un comunicado, la asociación sostuvo que la certidumbre técnica e institucional es un elemento indispensable para el funcionamiento de la impartición de justicia, por lo que pidió al OAJ hacer públicos los criterios normativos, técnicos y administrativos utilizados para autorizar los cambios de adscripción de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales.
Advirtió que la discrecionalidad en estos movimientos puede afectar la estabilidad del Poder Judicial y la continuidad del servicio de impartición de justicia, además de generar incertidumbre entre las personas juzgadoras.
JUFED también exigió que se adopten las medidas administrativas y financieras necesarias para garantizar el pago oportuno e íntegro de prestaciones y pensiones complementarias a quienes concluyeron su encargo tras declinar su candidatura o no resultar electos en el proceso extraordinario derivado de la reforma judicial.
La organización afirmó que el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional constituye un mandato constitucional y un derecho adquirido de quienes desempeñaron funciones jurisdiccionales, por lo que no está sujeto a interpretación o negociación.
Asimismo, hizo un llamado al OAJ para publicar los lineamientos pendientes y asegurar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos establecidos en la ley.
Por otra parte, JUFED informó que también manifestó su rechazo a presuntos actos de hostilidad y arbitrariedad cometidos contra personal administrativo, trabajadoras sociales y empleados del Instituto Federal de Defensoría Pública y del propio Órgano de Administración Judicial.
La asociación señaló que, con base en testimonios de personas afectadas, existe un clima de intimidación y vulneración de derechos laborales, principalmente hacia mujeres que integran el personal de apoyo y administrativo.
JUFED consideró inadmisible que oficinas públicas se conviertan en espacios de coacción y sostuvo que un ambiente laboral marcado por el miedo, el abuso de autoridad y el hostigamiento contradice los principios constitucionales que rigen el servicio público.
La organización expresó su solidaridad con las personas trabajadoras afectadas y exigió al Órgano de Administración Judicial poner fin a cualquier conducta que vulnere la dignidad, los derechos laborales y el marco legal que debe regir el funcionamiento de las instituciones.
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OC/CR
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