Justicia para las víctimas

Una de las asignaturas pendientes que deberá tomar en sus manos la próxima administración que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo será el de atender un llamado de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para cumplir con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.La Ley General, adoptada en 2017, ha sido reconocida internacionalmente por su avance en derechos humanos. Incluye medidas directas para la protección frente a la tortura y prevé la emisión de instrumentos para erradicar esta práctica.A pesar de su adopción, a siete años de distancia, aún hay importantes pendientes en su implementación. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura no ha sido adoptado, y la Estrategia Nacional emitida en 2023 no sustituye esta obligación.El cumplimiento de la Ley General sigue siendo insuficiente. Muy pocas personas han sido sancionadas y el Registro Nacional del Delito de Tortura no se ha consolidado; y precisamente Rosa Icela Rodríguez, como actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el tema en sus manos, por ende, deberá darle continuidad como la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).En este sentido, la actualización del Protocolo Homologado de Investigación de tortura también está pendiente. Las fiscalías del país deben adoptar planes de persecución penal específicos para este delito y esta prioridad deberá ser atendida por la persona que designe al frente de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.Por si esto fuera poco, la atención y reparación a las víctimas de tortura es otra deuda pendiente. La Ley General prevé programas de rehabilitación para las víctimas, que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas.Las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de herramientas adecuadas para abordar la complejidad de la tortura. Esto impide brindar una debida atención y reparación inmediata a las víctimas.Por eso es una prioridad que la ONU-DH vea en la próxima titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, una oportunidad crucial. Es el momento de velar por los derechos de las víctimas y promover las reformas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley General.Adoptar estas medidas sería invaluable para las víctimas y contribuiría a mejorar las herramientas del país. Esto es esencial de cara a la revisión del Comité contra la Tortura de la ONU sobre el octavo informe periódico de México.En este sentido, la ONU-DH ha subrayado la importancia de los esfuerzos conjuntos para erradicar la tortura. Estos incluyen los esfuerzos del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual.Asimismo, es importante el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un lugar crucial. Pongamos manos a la obra.*Periodista | @JoseVictor_RdzPremio Nacional de Derechos Humanos 2017