La máscara democrática

Desde hace tiempo venimos sospechando que la democracia como sistema contemporáneo de organización social y política se ha diluido al grado de que ya no podemos tenerla como algo cierto y definitivo.

Esta emergencia democrática ha llevado a algo que no es usual en el mundo teórico del Derecho, que 2 de los más grandes juristas de Occidente, como Ferrajoli y Zagrebelsky, coincidan en alertarnos sobre el grave riesgo que corremos con el desvanecimiento de la democracia. Los grupos que ejercen el poder y la política, cada vez con mayor intensidad basan la toma de sus decisiones en los intereses de unos cuantos, de facto, estamos pasando a sistemas de gobierno centrados en unos pocos, a quienes se construyen privilegios y medios para producir dinero y recursos para poder acumularlos, a costa de la marginación y exclusión de los muchos —la sociedad—.

Estamos asistiendo pues, como ha dicho Zagrebelsky en su última —lúcida y brillante— obra: La máscara democrática de la oligarquía, al surgimiento del gobierno de las oligarquías con formas democráticas, que para no mostrarse tal cual es, se esconde detrás de las apariencias y los procedimientos de consenso democrático a los que, en realidad, está convirtiendo en conchas vacías.

Ante esta realidad, es necesario hacer una pregunta importante ¿puede el Derecho contribuir a reanimar los fundamentos de la democracia constitucional, es decir: sostener un sistema político legítimo conformado por instituciones y procesos electorales imparciales y cuyo mandato es proteger la dignidad y los derechos humanos de manera igualitaria y traducir las demandas populares en políticas públicas concretas?

Desde luego que este fenómeno trasciende por mucho las capacidades que podemos tener quienes operamos un ordenamiento jurídico en distintas posiciones y con diferentes funciones y finalidades, pues como lo alertó en su día Jellinek, la carrera del Derecho con el poder político, siempre estará perdida.

Sin embargo, en medio de todo este escenario, una institución veraz y fuerte que puede revertir en la vida cotidiana estos efectos es la jurisdicción constitucional que defiende la dignidad de las personas y sus derechos humanos, mediante sentencias en las que ajuste las situaciones que otros intereses —no avalados por la Constitución— han distorsionado.

Esto es posible cuando la jurisdicción constitucional pone su potencial al servicio de la defensa de los intereses sociales que pierden representación en los órganos parlamentarios y ejecutivos del poder, quedando sistemáticamente al margen de la agenda política. Requerimos una jurisdicción constitucional aliada de los grupos vulnerables y de la defensa de una sociedad verdaderamente pluralista e incluyente. 

Una jurisdicción constitucional que, ante esta mascarada democrática del poder de los menos, sea instrumento para la construcción de un piso común de derechos e incline la balanza, desmontando los privilegios que marginan a la mayoría, especialmente a los débiles y, en la medida de lo posible, mantenga la igualdad de todas y todos.