La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, se basa en impulsar el uso generalizado de medios de pago electrónicos, facilitar el acceso a servicios financieros y aprovechar herramientas de identificación digital para simplificar la contratación de productos financieros.
El proyecto parte de la premisa de que México cuenta con infraestructura tecnológica suficiente para ampliar el uso de pagos digitales. A partir de ello, plantea establecer obligaciones para que instituciones públicas y empresas privadas incorporen mecanismos que permitan recibir este tipo de operaciones.
La propuesta no se limita a sustituir el efectivo por tarjetas. El proyecto plantea construir un esquema de pagos digitales que incluya códigos QR, tecnología NFC y transferencias electrónicas, además de facilitar el acceso de la población a productos y servicios financieros.
La iniciativa se sostiene en cuatro ejes principales:
1. Facilitar los pagos digitales
El proyecto busca que los pagos electrónicos puedan utilizarse de manera más amplia en establecimientos, servicios y trámites.
Para ello, las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y las empresas privadas deberán contar con infraestructura que permita recibir pagos mediante códigos QR y dispositivos con tecnología NFC.
Una vez que cuenten con estas herramientas, tendrán que informar a los usuarios que pueden realizar sus pagos por medios electrónicos.
2. Determinar sectores donde los pagos electrónicos serán obligatorios
Otro de los componentes centrales de la propuesta consiste en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine cuáles serán los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que únicamente podrán aceptarse pagos electrónicos.
La SHCP deberá establecer las condiciones, requisitos y obligaciones que correspondan a cada actividad.
El proyecto contempla que, ante una contingencia, estos sectores puedan recibir temporalmente pagos en efectivo o mediante cheque. Sin embargo, recurrir a esta excepción no podrá convertirse en una práctica permanente o repetitiva para evitar la adopción de medios digitales.
3. Usar identificación digital para contratar servicios financieros
La propuesta también busca modificar la forma en que las personas pueden contratar productos financieros.
Para ello plantea utilizar mecanismos de identificación digital, entre ellos la CURP Digital y el expediente digital ciudadano, como parte de los mecanismos de confianza para facilitar la contratación de servicios financieros.
El objetivo es reducir las barreras que actualmente pueden dificultar el acceso a cuentas, créditos y otros productos financieros.
4. Ampliar la infraestructura financiera digital
El cuarto eje está relacionado con las instituciones financieras y el papel del Banco de México.
La iniciativa plantea facilitar el uso de transferencias electrónicas para realizar pagos, ampliar las posibilidades de operación de las cuentas de depósito a la vista y homologar la experiencia de los usuarios en las aplicaciones de servicios financieros.
También propone que se desarrollen infraestructuras que permitan que una mayor parte de la población tenga acceso a servicios financieros.
¿La ley prohibiría el uso de efectivo?
No de manera general. La propuesta no plantea eliminar el efectivo de todas las operaciones.
Lo que establece es la posibilidad de que Hacienda determine determinadas actividades o sectores estratégicos en los que los pagos electrónicos sean el único medio permitido, con excepciones temporales en situaciones de contingencia.
Además, el proyecto contempla que el Gobierno avance en la inclusión del sector informal en el uso de medios de pago electrónicos, uno de los principales retos para reducir la dependencia del efectivo.
En ese sentido, la iniciativa de Sheinbaum se basa en crear un marco legal para ampliar los pagos digitales, aprovechar herramientas de identificación electrónica y fortalecer la infraestructura financiera, con la intención de que el uso de medios electrónicos deje de depender únicamente de la decisión de cada establecimiento o institución.