Mercenarios SA
Columnas miércoles 21 de mayo de 2025 - 01:00
En tiempos donde la violencia y la inseguridad han reconfigurado el panorama geopolítico, las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) han penetrado con fuerza en países fragmentados por conflictos bélicos. Este fenómeno, originado tras la Guerra Fría, ha generado un mercado multimillonario que trasciende fronteras y desafía los marcos jurídicos tradicionales.
Estas compañías representan la profesionalización del mercenarismo moderno. Su auge surgió entre ejércitos debilitados, zonas de conflicto permanente y Estados incapaces de garantizar la seguridad. Operan bajo contratos legales, pero sus acciones levantan sospechas de violaciones a derechos humanos y de intervención política encubierta.
Un informe reciente del Senado mexicano, a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, revela cómo estas empresas han erosionado el control estatal sobre el uso de la fuerza. No solo implican una transformación operativa, sino una ruptura del pacto social sobre el que se funda cualquier Estado moderno.
Casos como el de Blackwater —hoy Academi— ilustran este riesgo. En 2007, mercenarios de dicha firma asesinaron a 17 civiles en Bagdad. Aunque fueron condenados, Donald Trump los indultó en 2020, lo cual reforzó la impunidad estructural de este modelo de intervención militar privada.
El informe también documenta cómo América Latina ha alimentado este fenómeno, no sólo como mercado receptor, sino como cantera de exmilitares contratados para operar en Medio Oriente y África. Casos como DynCorp, involucrada en abusos sexuales en Afganistán, evidencian la opacidad con que estas firmas actúan.
Más grave aún resulta su contratación por gobiernos democráticos que buscan respuestas inmediatas a problemas estructurales. El reciente acuerdo entre Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el fundador de Blackwater, Erik Prince, encendió alertas regionales. La seguridad no puede subcontratarse sin consecuencias, advierte el informe parlamentario.
México tampoco ha quedado al margen. Aunque no ha contratado formalmente a estas firmas para combate, existen reportes sobre su colaboración en capacitación y logística. La desregulación progresiva de la seguridad abre paso a la mercantilización de la violencia.
El Estado, garante de derechos, ha cedido espacios clave en su función más básica: proteger a la ciudadanía. De esta forma, la coexistencia de actores armados estatales y privados erosiona la legitimidad institucional y debilita la confianza social.
La ambigüedad jurídica en que operan las EMSP favorece la impunidad. Ni los Convenios de Ginebra ni la Convención contra los Mercenarios cuentan con mecanismos efectivos de sanción. El Documento de Montreux, aunque útil, carece de carácter vinculante.
A ello se suma el lenguaje engañoso que emplean. El término “contratista” reemplaza al de “mercenario” sin modificar el fondo: individuos armados que intervienen en conflictos por intereses económicos, sin controles democráticos ni rendición de cuentas.
La expansión global de estas compañías —como Triple Canopy, GardaWorld o Constellis— ha institucionalizado la guerra como servicio. Se ha creado una cadena industrial del conflicto que perpetúa la inestabilidad y la fragmentación del Estado.
Las consecuencias son tangibles: mayor militarización, violencia sin control, debilidad institucional y aumento de violaciones a derechos humanos. Las EMSP responden al contrato que más pague, no al interés público.
La historia muestra que cuando el Estado entrega el uso de la fuerza al interés privado, lo que sigue no es el orden, sino la barbarie. El tiempo para actuar es ahora, así lo advierte el Senado de la República a sus legisladores federales.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017