Planificación familiar

Garantizar el acceso universal a la planificación familiar, junto con una educación sexual integral, es un paso decisivo hacia una sociedad con miras a garantizar la igualdad de género y el fortalecimiento de las mujeres. Su importancia reviste al desarrollo social, económico y ambiental sostenible para lograr que todas las personas puedan vivir con dignidad y reducir la pobreza, en ese orden de ideas, el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos es un pilar fundamental de la planificación familiar.

México al igual que diversos países enfrenta barreras ideológicas y culturales en torno a la sexualidad, para muestra un botón, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada en 2018, en México el 75% de las mujeres sexualmente activas de 15 a 49 años conocen y utilizan algún método anticonceptivo, sin embargo, existe una notoria desigualdad entre grupos de la población hablantes de lengua indígena con un 64% y en la población adolescente un 60%, lo anterior, es un claro ejemplo de las limitaciones que los grupos en condición de vulnerabilidad tienen para acceder a información y métodos anticonceptivos que les permitan planificar sus familias, de acuerdo con sus deseos y circunstancias personales otorgando mayor control sobre su futuro y bienestar.

Para superar las barreras ideológicas y culturales que obstaculizan el acceso a la salud reproductiva es fundamental adoptar políticas públicas progresivas con un enfoque de derechos, por lo anterior, presente un Punto de Acuerdo exhortando a la Secretaría de salud a implementar los mecanismos necesarios para garantizar que todas las personas sin importar su género, edad, etnia o ubicación tengan acceso a información confiable y servicios de calidad para tomar decisiones informadas sobre su reproducción observándose la NOM-005-SSA2-1993, misma, que fue modificada con un enfoque inclusivo y respetuoso hacia la diversidad de la población, reconociendo y respetando la diversidad sexual y de género, promoviendo el acceso equitativo a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva para todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género, sin soslayar su enfoque de los derechos humanos reconociendo que la autonomía y la libre elección son fundamentales para una planificación familiar efectiva como un pilar fundamental para el bienestar reproductivo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y mortalidad materna e infantil, siendo esta, una realidad que afecta a comunidades en todo el mundo y alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es responsabilidad de Estado y gobierno trabajar de manera conjunta para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud reproductiva y educación sexual integral, a fin de salvaguardar los derechos de cada individuo y construir un mundo donde cada embarazo sea deseado y cada nacimiento sea seguro.

María Rosete

#porlosqueamamos.