Cierra extraordinario sin prisión preventiva
Nación jueves 17 de enero de 2019 - 02:12
POR LUCIANO FRANCO
Al no contar con consenso, la Cámara de Diputados cerró anoche el periodo extraordinario de sesiones sin aprobar la reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, que planteaba procesar en privación de la libertad delitos como corrupción, robo de combustible y faltas electorales.
Sin los votos necesarios, y reclamos de la oposición para incluir otras infracciones avaladas en el Senado, y que el martes fueron excluidos en la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, como feminicidio, violencia intrafamiliar y robo a casa habitación, uso de armas de uso exclusivo del Ejército, así como abuso contra menores, y al no haber materia, se dio por concluido el periodo y la reforma tendrá que esperar a febrero.
La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano dijo que "es un triunfo que se haya sacado el dictamen del periodo extraordinario porque estaba incompleto y no puede quedar en lo que le interesa al Gobierno.
Tampoco consideraron los diputados que el atraco al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, la desaparición cometida por particulares, y las infracciones en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la armada y la fuerza aérea, son delitos graves, como sí lo consideraron sus colegas en el Senado.
Se trata de las reformas al artículo 19 de la Constitución, para aumentar el catálogo de infracciones sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La minuta senatorial fue modificada para determinar que en esta lista de delitos se incluirá el mal uso de programas sociales con fines electorales; la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como el robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Quedó fundamentado que, “ante el hecho de que esta tendencia es violatoria de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente, se validaron exclusivamente las tres conductas antijurídicas y punibles”.
El diputado de Morena, Pablo Gómez, señaló que “el uso electoral de recursos públicos lesiona la democracia y es un delito que no lo comete cualquier persona, sino los poderosos, y que son elementos integrantes de la estructura del Estado corrupto”, por lo que debe considerarse, dijo, como una falta grave.