CCE pide respetar legalidad por “decretazo”; CMIC alerta que habrá improvisación en obras
Nación martes 23 de noviembre de 2021 - 19:45
Los empresarios del país manifestaron su desacuerdo sobre el decreto del presidente Andrés Manuel López con el que considera como de interés público y seguridad nacional todas las obras del gobierno federal, ya que con ello se busca evadir la legalidad y generará improvisaciones en la construcción de los proyectos de infraestructura.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su desacuerdo y “fuerte preocupación”, ya que aplicar los cambios propuestos en el decreto se evaden leyes que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
“El CCE manifiesta su rechazo, y hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”, aseveró.
Indicó que el acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores, y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
“Sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley”, indicó en un documento el organismo empresarial.
Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo que aplicar el decreto generará improvisaciones y ello generará mayores costos en la edificación de obras, deterioro en la calidad de las mismas y una menor transparencia en la ejecución de los recursos.
En encuentro con medios, el presidente de CMIC, Francisco Solares, comentó que los cinco días que se estipulan en el acuerdo presidencial para que una obra se autorizada, son altamente insuficientes, ya que para revisar todo los permisos requeridos se necesita de mucho más tiempo.
Indicó que esta aprobación provisional es sólo por un año, pero en dado caso que al final no se pudiera conseguir la autorización final, el proyecto debería demolerse y con ello se incrementarían todas las tarifas.
Comentó que comparten la visión presidencial de agilizar la construcción de obras, pero no bajo este método donde se tendrían afectaciones en las obras y su calidad.
Foto redes.
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/CR
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