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Comité 68 exige apertura de expedientes militares y juicios póstumos por la masacre de Tlatelolco
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Integrantes del Comité 68 demandaron la desclasificación total de los documentos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionados con los eventos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, al cumplirse cincuenta y ocho años de la tragedia. Durante el acto central llevado a cabo frente al Palacio Nacional, los voceros del movimiento enfatizaron que el estamento militar fue el responsable directo del despliegue operativo, por lo que posee los registros precisos sobre la cantidad de víctimas mortales y heridos que dejó la intervención.
Los activistas sostuvieron que es imprescindible procesar legalmente a los autores intelectuales y materiales de la agresión, independientemente de que hayan fallecido, mencionando entre ellos a los exmandatarios Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Para fundamentar la viabilidad de estos juicios póstumos, la representación del comité citó un criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece la imprescriptibilidad de las violaciones graves a los derechos humanos y obliga a las autoridades a no cerrar los expedientes penales por el deceso de los acusados.
El dirigente Félix Hernández Gamundi denunció que las sucesivas administraciones federales han recurrido a evasivas para aplazar la impartición de justicia y permitir que el transcurso del tiempo extinga las responsabilidades de las instituciones del Estado. Asimismo, los convocantes equipararon la retención de estos informes con las peticiones de los familiares de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, quienes continúan reclamando el acceso a centenas de documentos en manos de las Fuerzas Armadas para esclarecer su paradero.
El pronunciamiento concluyó con un llamado a consolidar un frente común entre las diversas causas sociales del país, unificando los reclamos de colectivos de búsqueda, organizaciones magisteriales y agrupaciones laborales. Los voceros recalcaron que la erradicación de la impunidad sigue siendo la principal deuda de las autoridades hacia la sociedad mexicana a más de cinco décadas de los acontecimientos.
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JM/CR
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