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Desplazamiento, asesinatos y reclutamiento forzado exponen crisis humanitaria en Sierra de Chihuahua
Nación
Claudia Bolaños
El desplazamiento forzado de comunidades en la Sierra Tarahumara y la violencia contra pueblos indígenas en el país evidencian una crisis humanitaria marcada por asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzado y condiciones que organizaciones civiles advierten como formas contemporáneas de esclavitud.
En la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cerca de 500 personas fueron obligadas a huir en marzo pasado tras una escalada de violencia atribuida a grupos del crimen organizado que operan en la región. De acuerdo con reportes de medios locales, el desplazamiento ocurrió luego del asesinato de una adolescente de 14 años, quien fue privada de la libertad por hombres armados y posteriormente localizada sin vida.
Los hechos incluyeron también el homicidio de otros menores, desapariciones y amenazas directas contra jóvenes para obligarlos a integrarse a las filas del crimen, lo que generó un ambiente de terror sostenido en la comunidad. Familias enteras abandonaron sus hogares, dejando atrás sus pertenencias, animales y medios de subsistencia para resguardar su vida.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que estos grupos criminales imponen control territorial mediante violencia sistemática, incluyendo el reclutamiento forzado, la explotación de personas y el sometimiento de comunidades, prácticas que, advierten, configuran esquemas de esclavitud moderna en regiones marginadas.
Citaron el ejemplo del caso de una menor de edad, de 14 años, a quien secuestraron y asesinaron.
En este contexto, la Misión Civil de Observación sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua documentó que las víctimas enfrentan no solo la violencia directa, sino también la omisión de autoridades, la falta de protección efectiva y la ausencia de condiciones para un retorno seguro. Denunciaron que incluso existen casos donde se ha intentado promover el regreso de familias a zonas donde persiste la presencia de grupos armados.
La situación no es aislada. En la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Jalisco, la Misión Civil de Observación “Justicia para Azqueltán” reportó un patrón de violencia prolongada desde al menos 2018, con agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos de autoridades comunitarias y defensores del territorio.
Entre los casos documentados se encuentran ataques armados, hostigamiento constante y el asesinato de líderes vinculados a la defensa de tierras comunales, en medio de conflictos agrarios no resueltos. Las organizaciones señalan como responsables tanto a grupos armados como a actores vinculados a intereses sobre el territorio, además de acusar una falta de actuación eficaz por parte de autoridades en los tres niveles de gobierno.
Los testimonios recabados también dan cuenta de discriminación estructural, racismo institucional y abandono, así como de impactos psicosociales graves derivados de la violencia, el despojo y la incertidumbre permanente.
Las organizaciones advirtieron que la falta de justicia, la impunidad y la ausencia de políticas integrales han permitido que estas condiciones se reproduzcan, afectando principalmente a comunidades indígenas y rurales.
Ante este panorama, urgieron a que el Estado mexicano reconozca plenamente el desplazamiento forzado interno, garantice la seguridad de las comunidades, investigue los crímenes —incluyendo asesinatos y desapariciones— y desmantele las redes de violencia que operan en estos territorios, con el fin de evitar que continúe la expulsión forzada de población y la vulneración sistemática de sus derechos.
Organizaciones civiles señalaron que la responsabilidad de esta crisis recae en los gobiernos de los tres órdenes —federal, estatal y municipal— por omisiones, falta de coordinación y ausencia de acciones efectivas para garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades. Indicaron que la impunidad, la débil presencia institucional en territorios controlados por el crimen y la falta de políticas integrales han permitido la continuidad de asesinatos, desapariciones y reclutamiento forzado, dejando a las poblaciones en condiciones de abandono y vulnerabilidad.
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OC/CR
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