Claudia Bolaños
El diputado Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el fin de endurecer las sanciones contra la falsificación, alteración y adulteración de medicamentos, prácticas que calificó como una amenaza directa a la salud pública.
La propuesta plantea modificar el artículo 464 Ter para ajustar las penas penales y administrativas a la gravedad real de estos delitos, particularmente cuando se lucren con medicamentos apócrifos en instituciones médicas o tratamientos especializados.
El legislador sostuvo que la salud y la vida son bienes jurídicos de máxima relevancia, por lo que las sanciones deben ser proporcionales al riesgo que generan estas conductas.
"Esta reforma no pretende ampliar injustificadamente el poder punitivo del Estado, sino fortalecer la capacidad institucional para proteger eficazmente el derecho a la salud”, afirmó.
La iniciativa incorpora agravantes para los casos en que los medicamentos falsificados estén dirigidos a enfermedades graves, se introduzcan en instituciones de salud o participen servidores públicos o profesionales del sector, quienes tienen una responsabilidad especial frente a los pacientes.
Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la protección a personas en situación vulnerable, especialmente aquellas que dependen de tratamientos especializados y no cuentan con medios para verificar la autenticidad de los insumos médicos.
Además del incremento en las penas de prisión, el proyecto contempla medidas como la clausura definitiva de establecimientos involucrados y la inhabilitación temporal de los responsables, con el objetivo de prevenir la reincidencia y frenar estas prácticas ilícitas.
El diputado indicó que la reforma busca una respuesta integral y proporcional frente a estos delitos, especialmente cuando dejan de ser un riesgo potencial y generan daños concretos a la población.