El gobierno de Estados Unidos anunció que impondrá fianzas de entre 10 mil y 20 mil dólares a solicitantes de visados B-1/B-2 provenientes de unos 50 países, principalmente africanos, además de Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela. La medida, publicada en el Registro Federal, entrará en vigor el próximo lunes y convierte en permanente un programa piloto iniciado en agosto de 2025.
De acuerdo con el Departamento de Estado, los solicitantes deberán cubrir la fianza para poder acceder al proceso de visado. El monto será determinado por funcionarios consulares y administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, con la posibilidad de devolución una vez concluida la estancia en territorio estadounidense.
Durante el primer año de aplicación, se identificaron 20 mil solicitudes sujetas a fianza, de las cuales la mitad desistió de continuar el trámite. El documento oficial señala que la medida redujo en 83% la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados.
El gobierno estadounidense argumenta que la política busca reducir la inmigración irregular, al señalar que ciudadanos de estas naciones suelen permanecer más tiempo del autorizado por sus visados. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes han denunciado que las fianzas representan una barrera económica que limita las vías legales de entrada y afectan de manera desproporcionada a países pobres y de mayoría negra.