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Diputada propone incorporar el ecocidio como delito en el Código Penal Federal
Nación
La diputada federal Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal Federal, ante las afectaciones a los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de fortalecer la protección del derecho a un medio ambiente sano.
La propuesta plantea adicionar el artículo 416 Bis para establecer como ecocidio aquellas conductas realizadas de manera dolosa, por acción u omisión, que provoquen un impacto grave, extenso o irreversible en los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales.
De acuerdo con la iniciativa, quienes incurran en este delito podrían recibir penas de entre 15 y 30 años de prisión, además de multas de cinco mil a 50 mil días y la obligación de reparar integralmente el daño ocasionado.
Martínez García señaló que el artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y sostuvo que durante los últimos años se han registrado afectaciones relacionadas con actividades industriales irregulares, deforestación, contaminación de cuencas hidrológicas y desastres ecológicos.
"El progreso y la evolución de las sociedades no pueden justificar la destrucción de nuestro patrimonio natural ni poner en riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones. Los intereses económicos no pueden estar por encima del equilibrio ecológico", afirmó la legisladora.
La iniciativa también contempla incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando el ecocidio ocurra en áreas naturales protegidas o reservas de la biosfera, afecte especies en peligro de extinción, comprometa el suministro de agua para consumo humano o sea cometido por servidores públicos.
En el caso de las empresas involucradas en este tipo de conductas, la propuesta considera medidas que van desde la suspensión de actividades hasta por 10 años y la clausura definitiva, hasta la prohibición para operar, cancelación de concesiones y disolución de la persona moral cuando haya sido utilizada para cometer el ilícito.
La diputada coahuilense indicó que la propuesta también busca fortalecer las herramientas de las instituciones encargadas de procurar justicia para investigar y sancionar delitos ambientales.
Con esta iniciativa, señaló, "el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, dotando a las instituciones de procuración de justicia de herramientas eficaces para castigar los delitos ambientales y garantizar un entorno natural seguro para México".
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RN/CR
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