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Empresario denunció extorsión con 3 millones 250 mil pesos de corrupción en Benito Juárez
Ciudades
Un segundo empresario denunció haber sido extorsionado con 3 millones 250 mil pesos para finalizar sus proyectos y obtener la autorización de uso y ocupación. El empresario destapo una red de protección a empresas constructoras operada por funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. Entre los implicados se encuentran los ex directores de Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno, ya sentenciado y vinculado a proceso, y de Desarrollo y Planeación, Víctor Manuel Mendoza, quien se encuentra prófugo.
La Fiscalía General de Justicia informó que, a raíz de las declaraciones del desarrollador, se emitió una orden de aprehensión contra César N, encargado de la ventanilla única. También se está investigando a Alfonso N, ex director de Planeación y Desarrollo, y a Alejandro N, ex coordinador de ventanilla única, quienes eran responsables de informar el monto a pagar por la protección y firmar los recibos entregados a los constructores, respectivamente.
Ulises Lara López, coordinador general de Investigación Territorial y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, reveló que este modus operandi se ha identificado desde 2015 y ha sido recurrente en al menos tres administraciones. Consiste en solicitar apoyos económicos y en especie como protección para evitar contratiempos, sanciones y multas. En este caso particular, se le solicitó al empresario una suma de 200 mil pesos para la campaña de Christian N, actualmente detenido.
Según el testimonio del empresario, la suspensión de una obra en la colonia Narvarte lo llevó a reunirse con Vizcaíno, quien solicitó una gratificación de 150 mil pesos. Este tipo de extorsiones se repitió en diversas ocasiones, llegando a significar sumas millonarias para la protección de obras en diferentes colonias.
Víctor Manuel Mendoza, vinculado a la red, explicaba a los constructores que no tenían otra opción y debían contribuir a esta situación, independientemente de si la obra estaba recomendada o no. La tarifa variaba según la complejidad de la obra y si se realizaban modificaciones que no cumplían con la normativa, lo que implicaba mayores riesgos de inspecciones y procesos de protección civil, generando retrasos y pérdidas económicas sustanciales para el proyecto.
Foto por Cuarto Oscuro
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MM/CR
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