La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México instó al Congreso local a aprobar una reforma que multiplique por tres las penas para quienes realicen amenazas con bombas o explosivos, especialmente cuando existan agravantes.
La dependencia fundamenta la iniciativa en que las amenazas constituyen el tercer delito más frecuente en la capital y actúan como preludio de delitos mayores, tales como homicidios, aseguró la fiscal Bertha Alcalde. Resaltó que recientemente se han registrado casos en planteles universitarios y escuelas, lo que vulnera la seguridad de estudiantes e instalaciones.
La propuesta contempla aumentar la sanción ordinaria de uno a dos años de prisión para quienes emitan amenazas. Sin embargo, la pena se elevaría al triple -lo que implicaría entre 3 y 6 años de prisión o más-, si se dan condiciones agravantes como el uso de armas de fuego o punzocortantes, el empleo de bombas o explosivos, el simulacro de pertenecer a un grupo delictivo, la intención de causar la muerte, o si la amenaza obedece a influir o intimidar a participantes en procesos judiciales.
La Fiscalía destacó que esta medida persigue ofrecer un mecanismo disuasorio más fuerte frente a quienes puedan amenazar instituciones, personas u órganos participantes en procesos legales. Argumentó que las amenazas no solo generan temor, sino que pueden alterar el funcionamiento institucional y la integridad de las víctimas potenciales.
El Congreso capitalino aún no ha fijado una fecha para discutir la reforma al Código Penal. Legisladores deberán evaluar cómo incorporar esa iniciativa a la normatividad vigente y definir el alcance de las nuevas sanciones propuestas por la Fiscalía.