La iniciativa de reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representa desafíos importantes para diversos sectores económicos, particularmente para la industria automotriz, donde la viabilidad de los modelos de producción actuales depende en gran medida de las horas extra y de un esquema flexible de trabajo, advirtieron especialistas y representantes del sector.
Para las armadoras y fabricantes de autopartes, la propuesta implicaría limitar las horas extra, una herramienta clave para responder a picos de demanda y, en muchos casos, una fuente adicional de ingresos para los trabajadores. Actualmente en México se pueden pagar hasta nueve horas extra con pago doble y, a partir de la novena, con pago triple, hasta un máximo de 18 horas. Sin embargo, la reforma impediría el pago de más de 12 horas extra por semana. Además, la distribución de las 40 horas en seis días reduciría significativamente los turnos tradicionales de ocho horas de lunes a viernes.
Expertos destacan que México aún carece de niveles avanzados de automatización, robótica e inteligencia artificial para compensar la mano de obra en procesos de producción, lo que podría llevar a invertir más en tecnología y menos en contratación de personal. La Industria Nacional de Autopartes (INA) señaló que sin adecuaciones productivas, una jornada más corta podría elevar los costos laborales entre un 15 y 20%, afectando la atracción de inversiones, la reubicación de líneas de producción y la competitividad.
Desde los sindicatos, aunque se reconoce que otras naciones como Alemania y Estados Unidos ya experimentan jornadas más cortas o transiciones similares, el ajuste representa un reto para administrar turnos de producción mayoritariamente orientados a la exportación. El secretario general de la CTM en Coahuila expresó inquietudes sobre el impacto de la automatización en la conservación de empleos tras recientes reducciones de plazas en plantas del país, a pesar de inversiones millonarias anunciadas por empresas automotrices.
La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados y se espera que la discusión se retome a principios de febrero, con la posibilidad de aprobarse en mayo, en medio de debates sobre su viabilidad y efectos en la productividad y competitividad del sector.