Las ventanas rotas de México

Si una comunidad exterioriza signos de deterioro y esto parece no importar, la probabilidad de que allí se generen más faltas y posteriormente delitos cada vez más graves, es considerablemente mayor. Intentando contrarrestar tal fenómeno -sin dejar de reconocer sus fallas-, la política de “tolerancia cero” del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, basada en un experimento de Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford y en la teoría de las ventanas rotas, estableció como estrategia principal la creación de comunidades limpias y ordenadas, sin permitir transgresiones a la ley, no importando que tan nimias parecieran. 

No tomar en serio las quejas sobre violaciones graves a derechos humanos, minimizarlas o negar su existencia, propicia un contexto de negligencia y una cultura de impunidad. El cuestionar sistemáticamente la legitimidad o la utilidad de instituciones avocadas a la defensa y garantía de los derechos humanos, extirpar su relevancia en la agenda gubernamental y la habitual puesta en duda la veracidad de los reclamos de las víctimas, invita a los demás -de manera individual e institucional- a su desacreditación y la comisión de nuevas conductas más graves en contra de esos entes e incluso, de las víctimas que defienden. 

El 2020 se perfila como uno de los años más violentos en la historia de México, según los mismos datos gubernamentales. Pero cuando se ha cuestionado si la violencia de género ha aumentado durante la pandemia, la respuesta oficial ha sido afirmar que las llamadas de emergencia son falsas. Ante episodios video grabados de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, se han fabricado imputaciones a las víctimas para “justificar” la violencia estatal. Frente a un despliegue armamentista brutal de miembros de la delincuencia organizada, se ha cuestionado la autenticidad del video. Nos encontramos entonces frente a un país lleno de ventanas rotas sin la intención de repararlas. 

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que las acciones de política pública concreta no sean determinantes para evaluar cualquier actuación del gobierno o que no exista una corresponsabilidad de los gobernados, sino que dichas acciones se nutren también de palabras y mensajes oficiales, mismos que como indica la teoría citada, producen efectos en las actitudes de los individuos, comunidades e instituciones del país.