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PAN advierte que este segundo Plan B electoral debe respetar la Constitución sino SCJN también lo podría invalidar
Nación
Claudia Bolaños
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, advirtieron que cualquier intento de avanzar con un “Plan B” en materia electoral que viole la Constitución deberá ser invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, Lixa sostuvo que el Plan B que prepara Morena podría constituir un retroceso en la democracia y recordó que la Constitución no es un cuadernillo para satisfacer intereses particulares. “Si viola la Constitución, por lo menos la Corte debe de invalidarlo, como invalidó el Plan B que conocimos hace unos años”, indicó.
Romero Herrera señaló que, aunque Acción Nacional está abierto al diálogo sobre las iniciativas secundarias, no permitirá que se implementen reformas que alteren los principios constitucionales en materia electoral, como la representación proporcional, la libertad de uso de tecnologías y la autonomía del árbitro electoral.
Ambos dirigentes destacaron la importancia de garantizar elecciones libres y transparentes, libres de la influencia del crimen organizado o de presiones indebidas, y reafirmaron que el PAN actuará como un frente de protección de la democracia ante cualquier intento de modificar las reglas electorales sin consenso.
Asimismo, Romero Herrera subrayó que la defensa de la libertad de voto y del pluralismo es fundamental para que los ciudadanos ejerzan su derecho sin interferencias, y advirtió que no se permitirán medidas que pongan en riesgo la división de poderes y la equidad en el sistema electoral.
"Si viola la Constitución el Plan B, por lo menos la Corte debe de invalidarlo, como invalidó el Plan B que conocimos hace unos años y que empezó por la pluma de ya saben quién (AMLO). No es bueno continuar fracasos ni seguir dividiendo la política electoral. Si necesitamos algo en este país. Insisto con la pregunta de la propuesta alternativa es combatir al crimen organizado de frente. Nosotros no vamos a dejar de insistir en que existan sanciones, particularmente a los narco políticos", indicó Lixa.
Resalta que el primer Plan B impulsado por Andrés Manuel López Obrador se centró en la propuesta de reforma electoral que buscaba modificar la forma en que se asignan las diputaciones por representación proporcional, así como la organización de las elecciones y la operación de los partidos políticos. Entre sus objetivos estaba concentrar mayor control sobre el árbitro electoral y las reglas de juego, lo que, según críticos, podía limitar la pluralidad democrática y favorecer al partido en el poder. Esta iniciativa generó rechazo de diversas fuerzas políticas, que consideraron que atentaba contra la imparcialidad del sistema electoral y la igualdad de representación.
Además, el Plan B incluía intentos de ajustar la distribución de recursos y prerrogativas de los partidos, lo que podría haber alterado la equidad en la competencia electoral. También se criticó que no contemplaba mecanismos efectivos para prevenir la influencia del crimen organizado en las elecciones ni garantizar la libertad de voto de los ciudadanos. Ante estas preocupaciones, opositores advirtieron que cualquier medida de este tipo que violara la Constitución debería ser revisada e invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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CA/CR
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