Sin autónomos hay ahorro para erario, solo es excusa: Ceesp

Redacción

Bajo la excusa del ahorro para el erario, el Gobierno federal crece la “animadversión” hacia los organismos autónomos, explícitamente contra el instituto de transparencia (INAI), el instituto regulador de telecomunicaciones (IFT) y a la comisión de competencia (Cofece). 

Así lo expone el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y acusan que de los tres autónomos expuestos su gasto equivale a menos del 0.05% del presupuesto federal; menos de una décima de punto porcentual de los ingresos tributarios. 

“Para muchos, este Centro incluido, los beneficios de la autonomía son muy superiores a eso. Todo indica que el gobierno busca más bien tener el mayor control posible sobre las decisiones de política, no importa si son de política de Estado, y en ese camino está el control de (todas) las instituciones. De ahí el ansia de atropello”, citan los especialistas del sector privado.

“Las cifras señalan que 2020 fue el año en el que se autorizaron más contratos por asignación directa (80.3%), superando a 2019 cuando el porcentaje fue de 78.1%, que ya había sido el récord desde que se cuenta con esa información. Los contratos asignados directamente totalizaron un monto de 189.5 miles de millones de pesos, que representaron el 42% del total del valor de las contrataciones públicas.” 

Posteriormente, el presidente anunció que se analizarán todos los organismos autónomos. “Es probable que haya que hacer algunos ajustes a los órganos independientes, pero eliminarlos es a todas luces inapropiado. En ello, la amenaza a la existencia del INAI resulta especialmente preocupante, por su papel en la tan subrayada y anhelada desaparición de la corrupción”. 

Los analistas del CCE aseguran que “como sucedió con las acusaciones de sexenios anteriores, los casos no han sido probados por las autoridades competentes, lo que implica también que la impunidad sigue siendo un fenómeno característico del sistema. El problema es que en esta ocasión el gobierno ha tomado decisiones administrativas y promovido reformas legales, a menudo con graves consecuencias y con visos de inconstitucionalidad, con base solamente en esos indicios o presunciones”. 

El documento del Ceesp argumenta que una secretaría del Ejecutivo no podría actuar frente a esas autoridades del Estado. “Uno de los temas más relevantes para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho tiene que ver con la transparencia en la asignación de los contratos públicos. Sin dicha transparencia la economía continuaría expuesta a la corrupción y acciones oficiales que pueden caer en terreno de lo ilegal. En este sentido, sobresale el abuso en la presente administración de las adjudicaciones directas y de invitación restringida a tres postores, que de acuerdo con la ley deberían ser excepcionales”.