El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila dejar sin efectos uno de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para monitorear las transmisiones de medios de comunicación durante las precampañas y campañas del proceso electoral 2026-2027.
El proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, propone eliminar la variable 14 de los lineamientos aprobados por el INE, denominada “Mecanismos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”. La propuesta será sometida a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El criterio fue incorporado por el INE como parte de la metodología para identificar posibles expresiones que pudieran afectar la percepción sobre una candidatura, incluso cuando la descalificación no fuera realizada de manera explícita durante una transmisión.
La medida generó cuestionamientos debido a que el análisis podía considerar elementos adicionales al contenido verbal, entre ellos el tono de voz, los gestos, las expresiones faciales y la actitud corporal de quienes participan en los espacios monitoreados.
De acuerdo con el proyecto, la variable debe quedar sin efectos porque, a consideración de la magistrada Valle Aguilasocho, puede limitar el debate de ideas y la formación de opinión durante los procesos electorales.
Los lineamientos del INE contemplan el monitoreo de programas de radio y televisión, incluidos noticieros, espacios de opinión y programas de espectáculos, con el propósito de identificar elementos relacionados con la cobertura de las campañas y contribuir a la vigilancia de la equidad en la contienda.
La discusión en el Tribunal Electoral plantea un equilibrio entre las facultades de las autoridades para supervisar las condiciones de las campañas y la libertad de expresión de medios, periodistas y comunicadores para informar, analizar y emitir opiniones sobre las candidaturas.
De aprobarse el proyecto en sus términos, el TEPJF dejaría sin efecto la variable cuestionada y establecería un límite al alcance de los mecanismos de monitoreo del INE durante el proceso electoral federal 2026-2027.