El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, afirmó que no existe certeza sobre si la alcaldía Cuauhtémoc negó o no la licencia para la demolición del edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad, inmueble que colapsó esta semana y dejó tres trabajadores fallecidos y uno lesionado.
El funcionario respondió a los señalamientos de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien había presentado en redes sociales un documento para sostener que su administración rechazó el permiso de demolición. Muñoz explicó que dicho documento no representa una negativa formal, sino una respuesta dentro del trámite denominado “publicitación vecinal para licencia de construcción especial de demolición”, mediante el cual se solicita a la empresa entregar planos, memorias técnicas y otros documentos en un plazo de cinco días hábiles.
A través de un video difundido en redes sociales, el secretario señaló que, tras revisar el documento, no se puede afirmar que la alcaldía haya negado el permiso. “No sabemos si la alcaldía negó en ese momento la licencia o si la otorgó después”, indicó, al señalar que la demarcación deberá aclarar si verificó o supervisó los trabajos de demolición del inmueble.
Muñoz también explicó que, en el caso de predios privados con usos no habitacionales —como oficinas o comercios—, la Comisión para la Reconstrucción únicamente puede otorgar facilidades administrativas o fiscales, pero eso no sustituye los permisos de obra o demolición que deben tramitarse ante las alcaldías correspondientes.
El funcionario agregó que el 20 de octubre de 2025 se notificó a la alcaldía Cuauhtémoc sobre la aplicación de estas facilidades para el predio, y que, en caso de autorizarse la demolición, la autoridad local debía asegurarse de que el particular contara con un programa avalado por un Director Responsable de Obra, un plan de Protección Civil, una póliza de responsabilidad por daños a terceros y medidas de protección para las construcciones colindantes.
El edificio, que presentaba daños desde los sismos de 1985 y 2017, se encontraba en proceso de demolición cuando ocurrió el colapso que provocó la muerte de tres trabajadores, hecho que derivó en un intercambio de responsabilidades entre autoridades locales y capitalinas sobre la supervisión y autorización de los trabajos.