El senador con licencia por Nuevo León, Waldo Fernández, criticó la propuesta del gobernador Samuel García para otorgar beneficios administrativos a empresas que realicen aportaciones económicas a proyectos de su administración y advirtió que este mecanismo podría generar condiciones distintas entre compañías.
Fernández consideró que las empresas no deberían obtener ventajas ante el Gobierno estatal por contribuir económicamente con programas públicos y resumió su cuestionamiento al esquema con la expresión: “¿Cooperas o cuello?”
El legislador señaló que vincular aportaciones privadas con facilidades administrativas podría representar un trato diferenciado para las compañías participantes. En ese sentido, sostuvo que los procedimientos gubernamentales deben aplicarse bajo las mismas condiciones para todas las empresas.
“El cobro de piso y la extorsión se están convirtiendo en una política pública de Samuel García”, acusó Fernández, al referirse a los beneficios que podrían recibir las compañías que aporten recursos a proyectos impulsados por el Gobierno de Nuevo León.
Las declaraciones surgieron después de que el pasado 21 de agosto García planteara mantener de manera permanente el programa Ponte Nuevo, iniciativa de colaboración con el sector privado que originalmente estuvo vinculada con proyectos de mejoramiento urbano relacionados con el Mundial de Futbol de 2026.
Durante una reunión con empresarios, el gobernador informó que el programa había reunido durante este año alrededor de 500 millones de pesos mediante la participación de 90 empresas. Además, propuso establecer incentivos para mantener las aportaciones privadas.
Entre las medidas planteadas se encuentran la ampliación de mecanismos como “Cero Clausuras”, la agilización de trámites y permisos, facilidades durante las inspecciones y canales de atención inmediata para atender posibles casos de corrupción o extorsión por parte de funcionarios.
Fernández centró sus críticas en la propuesta de otorgar un “trato preferencial” a las empresas que participan económicamente en los proyectos gubernamentales, al considerar que el propio Gobierno estatal cuenta con facultades para realizar inspecciones, autorizar permisos, imponer sanciones y llevar a cabo diversos procedimientos administrativos.
El senador con licencia sostuvo que las condiciones para tramitar permisos, realizar gestiones ante las autoridades o enfrentar inspecciones deben ser iguales para todas las compañías, sin importar si realizan aportaciones económicas a programas de la administración estatal.
“¿Cooperas o cuello?”, reiteró Fernández al resumir su postura sobre el esquema anunciado por el gobernador.
Finalmente, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León analizar los alcances de la propuesta de García y determinar si existe alguna conducta que pueda ser motivo de investigación.