Asesinatos, desapariciones e impunidad

México tiene un problema grave de inseguridad y violencia. En esta administración se han cometido más 115 mil asesinatos atribuidos al crimen organizado, están desaparecidas forzadamente cien mil personas y el porcentaje de impunidad delictiva es de 96 por ciento. El propio gobierno reconoce las cifras, pero no acepta el fracaso de su fallida estrategia de seguridad.

Las estadísticas oficiales marcan a este sexenio como el más violento del siglo; el empoderamiento de los criminales y su alto poder corruptor de las estructuras gubernamentales y policiales han propiciado una connivencia que facilita las masacres, los descuartizamientos, las desapariciones forzadas, los secuestros y la impunidad.

Las Naciones Unidas y la Casa Blanca recién presentaron sendos informes que demuestran la grave crisis de inseguridad que se vive, la colusión entre criminales y autoridades, la falta de voluntad y pericia para esclarecer los crímenes, la alta impunidad que hay y la estrategia fallida de seguridad del gobierno, basada en la reticencia para ejercer el uso legítimo de la fuerza, además de la excesiva militarización en tareas de seguridad pública.

Las conclusiones del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU precisan que, aunque la cifra histórica de gente ausente o que se desconoce su paradero ronda los cien mil casos, en el pasado reciente han desaparecido forzadamente ocho mil personas por año. Los observadores internacionales aclaran que este fenómeno social no se puede imputar exclusivamente a los anteriores gobiernos, porque es un problema actual al que no se ha dado solución. Reconocen que en la mayoría de los eventos la autoría es del crimen organizado, pero con la ayuda o complicidad de los agentes del Estado. Otros responsables de las ausencias forzadas son agentes del orden o gubernamentales de las tres instancias de gobierno.

Si bien es cierto que para combatir de raíz el conflicto es importante atender las causas sociales, es necesaria la utilización de la fuerza pública con el uso de los servicios de inteligencia de los gobiernos civiles; criticaron la excesiva intervención de los militares en las tareas de seguridad y demandaron el retiro de las tropas de manera inmediata y ordenada. Las desapariciones forzadas son una asignatura pendiente hasta el día de hoy.

Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano alertó sobre el alto índice delictivo en México, en especial de crímenes relacionados con la delincuencia organizada y la incapacidad gubernamental para esclarecerlos, con la consecuente impunidad. La falta de castigo a las conductas ilícitas fue señalada en las dos relatorías de las dependencias extranjeras. Una máxima jurídica dice que delito que no se sanciona, delito que se repite, y cuando de cada cien conductas penales solo se detiene o juzga a cuatro presuntos responsables, es muy alto el aliciente para delinquir.

Los asesinatos y las desapariciones forzadas laceran a una sociedad cada vez más agraviada, por lo que se acorta el tiempo para que las autoridades cambien su estrategia de combate a la delincuencia, rompan el círculo de corrupción entre mafias y malos servidores públicos y se decidan a ejercer el uso legítimo de la fuerza para disminuir la impunidad.