¿Crimen patrimonial?

Columnas miércoles 30 de julio de 2025 -

Defender el patrimonio familiar constituye uno de los pilares para construir la justicia y la paz en nuestro país, frente al avance impune de redes delictivas que, por años, han arrebatado viviendas con documentos falsos, intimidación o corrupción. Por ello, es importante resaltar la respuesta que traza el Estado en contra de estas actividades ilícitas. El reciente anuncio de la estrategia contra el despojo de inmuebles en la capital del país encarna un modelo replicable para el resto de la nación.

En la víspera, la titular de la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una estrategia integral que articula esfuerzos del Ejecutivo local, la Fiscalía General de Justicia capitalina y el Poder Judicial. La creación de una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno, refuerza este compromiso institucional con la población.

Si bien, el delito de despojo no es nuevo, el “cártel inmobiliario” —como lo ha nombrado la sociedad civil—, ha perfeccionado sus métodos. Ha usado notarías para legitimar actos simulados, ha aprovechado vacíos legales y ha capturado instituciones para consumar el despojo con apariencia legal. Frente a ello, la estrategia prevé sumar en el catálogo de delitos prisión de 22 años para los responsables de estas conductas ilícitas.

Las reformas contemplan agravantes como el uso de documentos falsos, la suplantación de identidad, o el involucramiento de servidores públicos y notarios. Incluso se tiene previsto sancionar el despojo cometido en áreas naturales protegidas o inmuebles con valor histórico, lo cual fortalece también la defensa del territorio.

Este diseño normativo representa una herramienta potente. Por ello, a nivel nacional la propuesta presentada por el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, para extender esta figura penal a todo el país, busca transformar la política criminal en materia de vivienda. Su propuesta contempla penas similares a las de la capital, lo cual colocaría al despojo al nivel de delitos de alto impacto.

La urgencia de una legislación nacional se explica en la impunidad acumulada. Por décadas, las víctimas han enfrentado largos juicios, han padecido desalojos ilegales o han visto cómo sus propiedades eran transferidas por redes que operaban a la sombra del poder político y económico; basta recordar el despojo del “Rancho Izaguirre” de sus propietarios originales en Jalisco, ventilado hace unos meses.

Así, el Congreso de la Unión contempla modificar la Ley del Registro Público de la Propiedad y la Ley Registral, para impedir que documentos notariales apócrifos sirvan como base para legalizar fraudes. Apuntando al corazón de los mecanismos que han permitido a mafias operar, con un amplio respaldo administrativo.

La propuesta del legislador petista cobra sentido en este contexto. Si bien la capital del país ha diseñado un modelo operativo funcional, replicarlo a escala nacional puede corregir desigualdades regionales, donde muchas fiscalías carecen de protocolos especializados o de herramientas legales para combatir el delito.

En la capital del país, ya se han asegurado 265 inmuebles involucrados en casos de despojo, de los cuales 196 fueron devueltos a sus legítimos dueños. Esta cifra refleja que, cuando existe voluntad política, se puede restituir justicia.

La propuesta del político coahuilense, conocido también como Ricardo “El Tigre” Mejía, no busca solamente castigar. También pretende prevenir. Al equiparar ciertos actos con el delito de despojo —como ocupar inmuebles sin derecho, desobedecer órdenes de desalojo legítimas o valerse de cargos públicos para apropiarse de bienes ajenos—, se traza una línea ética y legal contundente.

En un país donde millones de familias construyen su hogar con décadas de esfuerzo, garantizar que nadie les arrebate lo propio se convierte en una tarea ineludible del poder público, que hoy toma con responsabilidad el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017