¿En qué va la demanda contra las empresas de armas?

Columnas miércoles 12 de enero de 2022 -

Después de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021, se registraron ventas récord de armas en aquel país de más de 2 millones de ejemplares. En ese mismo mes, el número de revisiones de antecedentes penales para la adquisición de una arma por parte del FBI, también registró una marca con 4.3 millones de solicitudes.

La pregunta clave es ¿Cuál es el impacto de éstas en México? ¿Es realmente algo trascendente para la violencia? Sin duda. De acuerdo con el SESNSP, en 1997 únicamente 15% de los homicidios se cometían con armas de fuego, mientras que para 2021 esta cifra se ubicó en 68%. Es decir, en el último cuarto de siglo aumentó de manera notoria el uso de estos artefactos para la violencia homicida, algo similar sucede con los feminicidios, las lesiones y los robos con violencia.

Es por ello que la demanda interpuesta contra once empresas de armamento en Estados Unidos es tan relevante. Entre los argumentos esgrimidos por México, se encuentran que tales empresas no actúan con el debido cuidado en la compra-venta, permiten la distribución para el tráfico ilícito por conducto de prestanombres o personas con antecedentes penales, tienen ventas múltiples o fuera de inventario, además que sus diseños podrían ser atractivos para personas y/o grupos delincuenciales.

Como consecuencia, se crea un flujo de armas para los grupos criminales que generan violencia en México. Se ha sido enfático en que no se trata de una acción legal en contra del gobierno estadounidense, su Constitución ni contra los ciudadanos, sino contra las personas morales responsables.

Como contestación a finales de noviembre pasado, ocho empresas fabricantes y vendedoras solicitaron al tribunal de Boston desechar por improcedente la demanda civil presentada. El argumento fundamental es que cumplen con el marco legal vigente de control de armas que se sustenta en la Constitución y diversas leyes.

Además, el gobierno mexicano no aporta elementos para demostrar que las empresas son responsables directas de la venta ilegal para su uso delincuencial fuera de Estados Unidos.

En este contexto, como parte de la estrategia impulsada por la cancillería y, en su calidad de presidente temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, México consiguió que se aprobara la resolución 2616, en la que se hace un llamado a los países del mundo a realizar nuevos esfuerzos para combatir el tráfico y comercio ilegal de armas ligeras. Dicha resolución tiene el apoyo de más de 70 países y, como aspecto trascendental, su carácter es obligatorio para los miembros de la ONU.

Otra de las consecuencias inmediatas de la demanda, es que ha causado un impacto en las finanzas de las empresas. Por ejemplo, Smith & Wesson reconoció en un informe enviado a la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que las acciones de la compañía se habían devaluado 37% en los tres meses posteriores a la demanda.

Será a finales de enero de 2022, que el gobierno mexicano ingrese nuevos alegatos, para posteriormente dar paso a una contrarréplica de las empresas hasta el 28 de febrero. La intención es que se cuente con un fallo judicial en el primer semestre del año en curso, aunque esto se puede alargar. De ser favorable para México, será uno de los aspectos más trascedentes en materia de seguridad para la actual administración y marcará un hito a nivel regional y mundial.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00