¿Podrán los penales con el ritmo de Harfuch?

Columnas martes 12 de agosto de 2025 -

En menos de diez meses de gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch, ha reportado más de 26 mil 600 detenciones por delitos de alto impacto. La cifra impresiona, sobre todo porque habla de operativos eficaces, coordinación interinstitucional y una narrativa de resultados que la Cuarta Transformación puede mostrar con orgullo. Sin embargo, surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿a dónde van todos esos detenidos?

No todos van a penales federales. El sistema penitenciario federal, con sus 14 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), tiene una capacidad instalada de 28,200 espacios y hoy opera al 73.4% de ocupación. Eso significa que todavía hay alrededor de 7,500 plazas libres. Un lujo, si se compara con las cárceles estatales, donde la tasa de ocupación nacional rebasa el 102%, y en algunos estados llega al 200%.

El mensaje es claro: no hay, por ahora, una urgencia de construir nuevas prisiones federales. Pero la tendencia sí enciende luces amarillas. Si en menos de un año se acumulan más de 25 mil detenciones y ese ritmo se mantiene, el margen de capacidad podría reducirse drásticamente en un plazo de tres a cuatro años. Y construir un penal federal de alta seguridad no es cosa de meses: desde el diseño, licitación y construcción, hasta su operación plena, pueden pasar de 3 a 5 años.

Eso significa que, si esperamos a que el sistema federal esté al 100% de ocupación para actuar, llegaremos tarde. No se trata de caer en el fetiche de “más cárceles, más seguridad”, sino de planificar con base en datos y proyecciones. En ese sentido, la 4T tiene la oportunidad de romper con la inercia de sexenios pasados, donde las prisiones se construían como respuesta tardía al hacinamiento y no como parte de una estrategia integral.

También se debe usar la capacidad federal para despresurizar el desastre estatal. El sobrecupo en algunas entidades compromete derechos humanos y seguridad interna. Un programa coordinado de traslados estratégicos, con criterios claros, podría aliviar las peores crisis locales sin saturar a los CEFERESOS.

Claro que no basta con pensar en muros y rejas. La sobreocupación no se resuelve sólo con infraestructura, sino con una política penal que racionalice el uso de la prisión preventiva, acelere juicios y fortalezca alternativas de reinserción. De nada servirá construir más penales si el flujo de ingreso no se equilibra con egresos legítimos y seguros. La ventaja de tiempo y capacidad se acorta cada mes que pasa, y las cifras de Harfuch lo confirman. A este ritmo, hacia el final del sexenio la federación podría enfrentar la misma saturación que hoy padecen los estados.

La planeación penitenciaria no es popular, pero da estabilidad y seguridad. Ignorar la tendencia sería un error; sobrerreaccionar, también. La clave está en anticipar: proyectar la ocupación a cinco años, iniciar los estudios para nuevas instalaciones donde se justifique y, al mismo tiempo, reformar el sistema para que la prisión sea la última medida, no la primera.

ENTRE GITANOS

RUMBO A LA TOMA DE PROTESTA

El 18 de agosto, se reunirán en la Casona de Xicoténcatl, las y los electos para integrar el Poder Judicial de la CDMX; convoca: el Congreso de la CDMX. Oficialmente es una “reunión preparatoria” para la toma de protesta del 1º de septiembre, pero, será también el primer pulso político. Habrá quienes midan distancia con la 4T capitalina y quienes busquen tomarse la foto. No le pierdan la pista a dos nuevas figuras judiciales, los magistrados Diego Guerrero García y Cuitláhuac Montoya López.

REZAGO LEGISLATIVO

Dicen que, si algo flota en el aire y no pesa en la ley, es porque alguien lo está ignorando estratégicamente. Eso pasa con la llamada “migración vehicular”: millones de capitalinos evitan pagar la tenencia en la CDMX emplacando sus autos en el Edomex o Morelos. En febrero, el diputado Paulo Emilio García presentó un punto de acuerdo para poner manos a la obra y solo cosechó el silencio. Aunque las diputadas del PT, Miriam Saldaña y Jannete Guerrero, lo respaldaron, el punto de acuerdo sigue congelado.

*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.

avilezraul@hotmail.com