Acusaciones

Las disputas y conflictos por la venta clandestina de gas LP en el Estado de México no frenan. Ahora, distribuidores de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (LP), aseguran que el alcalde del municipio de Apaxco, Daniel Parra Ángeles, trabaja en contubernio con “gaschicoleros”, en aquella zona del Estado de México, y denunciaron que nuevamente le pidieron ayuda para evitar que aquellos quienes comercian el producto de manera ilegal, sigan implementando retenes y golpeando a quienes intentan vender el productos en los alrededores.

Ante esta situación, los inconformes nuevamente piden la intervención de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que Parra Ángeles, de extracción panista, les ha dejado en claro que no dejará que la “competencia” venda el energético en esa zona, lo que ha causado molestia en los trabajadores que ven mermado el sustento diario, con el que sostienen a más de 100 familias.

Asesorados por la organización civil Conciencia Ciudadana, nuevamente piensan tener un acercamiento con el alcalde que los ha rechazado en varias ocasiones y explicarles que además de caer en varios ilícitos al evitar la libre competencia, se puede abrir una investigación en su contra por permitir la venda del combustible robado, pues la organización comprobó que los expendios de Gas LP, así como el producto que se vende, no cuenta con los registros de la Secretaría de Energía (Sener).

“Lo que está pasando en ese municipio es grave, estamos hablando de un monopolio que permite la venta de gas robado y eso fomenta, que los grupos delincuenciales continúen cometiendo ese delito que genera mucha violencia y además, afecta a todo el país. Entonces, además de eso, tenemos que se quiere evitar la competencia sana, el gobernador Alfredo del Mazo debe estar enterado de lo que pasa”, comentó Israel Santana de la ONG, Conciencia Ciudadana.

Quienes se dedican a la venta de cilindros y que son rechazados por las el alcalde de Apaxco, han solicitado una vigilancia policial para no ser atacados por sus detractores.

Además de exigir que de manera legal se les permita trabajar, advirtieron que defenderán hasta sus últimas consecuencias lo que calificaron como su sustento y el de sus familias.

VENTANAL

Dos meses y medio después de que entrara en vigor la llamada Ley Olimpia en el Congreso de la Ciudad de México, ayer el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo el primer auto de vinculación a proceso por este nuevo ordenamiento contra el estudiante Jorge Daniel M de 21 años de edad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de acoso sexual.

El juez de control determinó como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima y la firma periódica, por lo que podrá seguir su proceso penal en libertad y fijó dos meses para la investigación complementaria