Atentado democrático

6 de enero de 2021, el mundo es testigo de una escena inverosímil en la historia política de Estados Unidos de América. Cuando sesionaban ambas Cámaras del Congreso en el Capitolio para certificar los votos del Colegio Electoral, acto con el que se otorgaría oficialmente la victoria de los comicios de noviembre a Joe Biden y Kamala Harris, una rebelión armada, alentada por Donald Trump, interrumpió violentamente y tomó el edificio para evitar la declaratoria oficial, con un saldo de 5 personas muertas.

Este suceso significó un quiebre definitivo y sin precedentes de las reglas no escritas del juego político-constitucional norteamericano: la tolerancia mutua y la contención institucional, tal y como han apuntado Levitsky y Ziblatt.

La primera, consiste en que se puede estar en profundo desacuerdo con los adversarios, pero en todo momento se les reconoce como contrincantes legítimos. Podrá existir un enorme descontento si el día de la jornada electoral ha vencido el rival, pero esa sensación termina con el cierre del proceso y no se levantan conspiraciones apocalípticas de la derrota, mucho menos si parten de fraudes inventados sin argumentos serios ni prueba alguna ante las instituciones de justicia.

La segunda, es el autocontrol que las autoridades del Estado norteamericano deben tener respecto de sus propias facultades. Quienes ejercen responsabilidades importantes, especialmente, quien ocupe la presidencia, debe evitar llevar sus prerrogativas institucionales a límites sin frenos, porque si se abusa de ese poder es posible aplastar un conjunto de derechos, reglas y ámbitos políticos, irreversiblemente, lo que puede romper la continuidad del juego democrático.

Trump quebró ambas reglas, al hacer llamados públicos a través de sus redes sociales para convocar a la ciudadanía a impedir que el Congreso certificara el triunfo democrático y que por medio de las urnas obtuvo la fórmula ganadora, alegando sin haber ganado uno solo de los más de 40 recursos legales que promovió ante todas las instancias del Sistema de Justicia estadounidense, que la elección fue fraudulenta.

Al momento en que esta columna cierra, la Cámara de Representantes ha aprobado con una votación de 232 votos a favor -10 de ellos republicanos- y 197 en contra, acusar a Trump de incitación a la insurrección contra los resultados democráticos de la elección. Corresponderá al Senado enjuiciarlo, si bien no para removerlo, sí para inhabilitarlo para futuros encargos, pero, sobre todo, para sentar un precedente contundente: en Estados Unidos los atentados contra la democracia no quedan impunes.

Trump pasará a la historia por ser el primer presidente de los Estados Unidos en ser llevado a juicio político dos veces durante un mandato. Pero tememos que pasará a la historia como algo mucho peor, ser un populista y autoritario presidente que quiso fracturar una de las democracias más sólidas del mundo. Será visto como un ensayo-error del sistema democrático, un error de esos que nunca deben volverse a repetir.