Ayotzinapa y el fin de un régimen

Acaso no lo hayan podido advertir aquella noche obscura del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala Guerrero para no volver a ser vistos jamás. ‘Es cuestión de distraer un poco a la opinión pública, que baje la intensidad de la noticia y al rato nadie se va a acordar del tema’, me dijo una persona que decía saber cómo se movían estas cosas en la política mexicana, el manejo de medios y el “manejo de crisis”. Era un priista consumado y confiado, porque México es el país en donde nunca pasa nada y todo “se arregla en una comida”.

Estábamos más o menos a dos años de haberse iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, y supongo que todos, tanto en el grupo gobernante (las fuerzas políticas visibles) como en el grupo de poder efectivo del régimen (las fuerzas políticas invisibles): todos esos magnates y financieros con sus familias, patrimonio y cuentas en Europa y vacaciones con jornadas sacrificadas de golf en Miami o en Italia y compras de arte en subastas de Sotheby’s en contubernio con abogados y despachos de cualquier tipo de consultorías de alto nivel asociados, a su vez, cual pivote articulador de un sistema entero, con la alta jerarquía de toda una clase política apoltronada en el poder del gobierno durante décadas, estaban confiados en que eso era lo que precisamente iba a ocurrir: un poco de distracción de la sociedad y al rato nadie se iba a acordar del tema de la desaparición de estos pelafustanes que lo mismo daba si eran del CONALEP o de una miserable Normal rural de cualquier estado del sur del país.

No se daban cuenta, porque tal vez era para todos imposible hacerlo, que ese día estaba firmándose la sentencia de muerte de un régimen y, en realidad, de toda una época para México que cuatro años después estaba llamada a ser arrasada y sepultada por una avalancha político-social encabezada por quien terminaría siendo el presidente más votado de la historia, Andrés Manuel López Obrador, y que con la misma voluntad y determinación que un Benito Juárez puso de rodillas a un sistema político para terminar por llevar a su principal partido político articulador, en cosa de tres años aproximadamente, al borde mismo de la extinción.

‘Estamos parando el tráfico’, dijo más o menos el exprocurador general de la república de la administración de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, cuando los agentes de la Policía Federal Ministerial lo fueron a visitar a su lujosa casa para invitarlo a subir a los vehículos oficiales en calidad de detenido. También se veía confiado, sin perjuicio de que estaba llamado a recibir la noticia de estar sujeto a proceso judicial bajo el cargo de “desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa”.

El 18 de agosto pasado, el subsecretario de Gobernación, Alejando Encinas, presentó públicamente las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CVAJ), que ha desechado por completo la versión conocida como de la “verdad histórica” (que ya había sido cancelada en julio de 2020 por la FGR pero sin haberse procesado todavía el total de los expedientes), y que fue la postura oficial del gobierno de Peña Nieto, según la cual la desaparición de los 43 tuvo lugar por confusión entre bandas criminales. Ahora se sabe que esa versión fue una “acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel de gobierno”.

Esto podría significar para Murillo Karam una pena de hasta 82 años de prisión, amén de lo que les espera al resto de altos exfuncionarios involucrados en lo que podría terminar por ser el tiro de gracia de un partido, de un régimen y, en definitiva, de una época cínica y decadente para México. Muchos podrán pensar que nada pasará. Esperemos que sí, que sí pase algo, porque de eso se trata.