Balcón Público

Este viernes, durante la presentación virtual del nuevo Programa de Becas Nacionales Conacyt, encabezada por María Elena Álvarez Buylla, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), uno de los 26 Centros Públicos Conacyt, sufrirá uno de los peores asaltos que nunca debe enfrentar un centro educativo de excelencia: la pérdida de libertad académica y autonomía institucional.

Ya que se pretende modificar diversos artículos del Estatuto General de ese Centro Público.

Pero ese llamado ha sido calificado como “ilegal”, pues para lograr esa sesión, las propuestas debieron ser aprobadas previamente por el Consejo Académico del CIDE, donde hay representantes de los profesores y directores de divisiones. Quienes en ningún momento han sido tomados en cuenta

Lo que se pretenden es aprobar reformas a los artículos 29, fracción IV; 30, párrafo tercero; 34, fracción III; 36, fracción II; 37, fracción II; y 42, fracciones II, III, IV y V del Estatuto General CIDE. Algunas de estas modificaciones buscan alinear los estatutos para que José Antonio Romero Tellaeche pueda ser director de la institución, dado que no ha sido bien recibido por la comunidad académica de esta institución, además, se quitarían todas las facultades al Consejo Académico y lo limitan a ser un órgano que emita opiniones, entre muchas otras.

El ataque contra el CIDE no es un hecho aislado contra la educación superior, la ciencia y la tecnología. La administración de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado dese su inicio en recortar el presupuesto para la investigación y la ciencia, además de iniciar persecuciones judiciales como la que enfrentan los 30 académicos del Conacyt.

Los ataques reiterativos contra la máxima casa de Estudios, la UNAM, calificando a la matrícula y docentes de neoliberales.

El Tecnológico de Monterrey no se ha escapado, pues lo acusó de recurrir a un mecanismo de despido en diciembre pasado para no pagarles prestaciones, pero con la intención de recontratarlos en los próximos días.

La institución respondió que cada periodo académico los profesores renuevan sus contratos de acuerdo con las clases que impartirán.

VENTANAL

La Comisión Especial del Senado para Veracruz no para y a escasas semanas de haber iniciado su trabajo ya documentó otro caso de abuso de autoridad y violación al Estado de derecho de los muchos que se cometen en esa entidad.

Tal es el caso de Rogelio Franco Castán, diputado federal electo del PRD, que está en prisión desde hace 10 meses.

Esta Comisión, a la que ha descalificado el gobernador Cuitláhuac García y ya vemos por qué, se reunió de nuevo para informar los avances de sus investigaciones.

Junto con los legisladores estuvo Luis Enrique González Lira, titular de la defensa de Franco Castán, quien afirmó que la detención y vinculación a proceso de su cliente es un acto arbitrario, injustificado y desapegado del Estado de derecho.