CRIMINALIZAN CREENCIAS RELIGIOSAS, CULTURALES Y SOCIALES

Columnas martes 21 de julio de 2026 -

Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política y mtrda. Criminología.

La falta de conocimiento y capacitación por parte de las y los servidores públicos y del sector empresarial, provoca que criminalicen a diversos grupos de personas por sus creencias religiosas, culturales y sociales, normalizándose en las sociedades la violación a los derechos humanos.

Esta criminalización suele manifestarse mediante prejuicios, estigmatización, discriminación o políticas que vulneran sus derechos, en lugar de basarse en evidencia objetiva y en el respeto a los derechos humanos.

Fue en septiembre de 2025 cuando diversas organizaciones internacionales instaron a los gobiernos, a las y los gobernantes del mundo, a no criminalizar las manifestaciones pacíficas, no criminalizar a las y los activistas defensores de derechos humanos, y no criminalizar a los periodistas. Utilizan las leyes para amenazar, con el propósito de intimidar a quienes se atreven a levantar la voz por el bienestar generalizado de la población.

Capacitación para las y los funcionarios. Es fundamental promover la educación, la inclusión y una cultura de respeto a la diversidad para prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer sociedades más justas e igualitarias.

Es urgente tomar acción en la concientización para tener sociedades más empáticas y para trabajar en la no discriminación de diversos sectores de la población. En la Ciudad de México, la capital del país, se entrelazan diversas culturas en 16 alcaldías en donde también hay diferentes creencias religiosas, así como el asentamiento de pueblos originarios.

La falta de generación de empleos para miles y miles de citadinos, así como para las personas que transitan en la CDMX y que viven en los municipios aledaños del Estado de México. La complejidad de la falta de empleo y vivienda en una Ciudad con movilidad imparable para la generación del PIB. ‎

“No puede llegar cualquier autoridad con una ideología de ver a la gente necesitada como estorbo, como mugre, como delincuentes, como de lo peor, no puedes calificar así a las personas por su necesidad y su pobreza”, sentenció Diana Sánchez Barrios, activista de derechos humanos.

Comercio ambulante en Cuauhtémoc, CDMX.

Para regular el comercio ambulante que se encuentra en la alcaldía es necesario que las autoridades de la Cuauhtémoc, del Gobierno de la Ciudad de México y el Federal trabajen coordinadamente por las complejas problemáticas que se presentan tan sólo en la Av. México-Tenochtitlán.

Diana Sánchez Barrios se pronuncia en contra de la represión hacia las y los vendedores ambulantes, consciente de la necesidad de regular a los “puestos”, propone realizar un análisis calle por calle, “sin violentar a nadie en lo absoluto”. Trabajar directamente con los vendedores ambulantes en la elaboración de políticas públicas en beneficio de la sociedad.

Las políticas públicas tienen que realizarse en coordinación con la sociedad y el sector empresarial, en beneficio de la población. Es inadmisible que las y los gobernantes continúen violando derechos humanos.