Calificadoras, deuda y Derechos Humanos

Columnas martes 06 de abril de 2021 -

SERGIO GONZÁLEZ

Retomo el comentario sobre el informe presentado por la Experta Independiente Yuefen Li en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en materia de deuda, finanzas públicas y Derechos Humanos. Hacia el final del informe presentó interesantes recomendaciones, que retratan el estado del arte en la materia y nos deben mover a reflexión.

Reformar las agencias de calificación crediticia, que operan a escala planetaria, por lo que la regulación nacional, aunque sea necesaria, no es suficiente. Por ejemplo, la Unión Africana y sus órganos de políticas ha estado trabajando en un marco continental de mecanismos para el apoyo que den a los países las agencias de calificación de crédito.

Reducir o dividir el oligopolio actual de las tres grandes agencias. La falta de competencia perpetúa conductas inadecuadas y suprime los incentivos para mejorar la calidad de las calificaciones crediticias. La supresión del oligopolio podría lograrse estimulando la entrada de nuevos actores en el mercado e incluyendo agencias de calificación crediticia internacional de propiedad pública.

La causa subyacente de muchos de los problemas de las agencias de calificación crediticia es el conflicto de intereses. El modelo de negocio pago al emisor debe cambiar.

Crear un sistema de monitoreo y rendición de cuentas de las agencias. Esto llevaría a que las agencias hicieran un mayor esfuerzo por mejorar sus procesos de calificación e impulsar su profesionalización, atemperando un desempeño descuidado. Negligente, diríamos.

Ante coyunturas como pandemia o desastres naturales, las agencias deben diferir la publicación de sus revisiones, pues los anuncios de calificación pueden obstaculizar la implementación de medidas especiales de contención y resolución de la crisis, presentadas por la comunidad internacional. La no suspensión durante estas emergencias comprometería la efectividad de los esfuerzos internacionales.

Se deben divulgar las metodologías, criterios centrales y estándares de calificación para que los inversores y los prestatarios puedan llevar a cabo su propio análisis y debida diligencia sobre la precisión y oportunidad de los análisis y recomendaciones de las agencias.

Fortalecer la incorporación y aplicación de estándares y normas internacionales de derechos humanos en el contexto de las actividades de las agencias, incluyendo el monitoreo, supervisión y reforma de su funcionamiento. Finalmente, que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza deben ser mejorados con una revisión detallada de metodologías, en línea con estándares y normas internacionales de derechos humanos.

Como puede observarse, estas recomendaciones confirman que existe una clara correlación entre la salud y la integridad de las finanzas públicas, la deuda de los países y la vigencia y protección los derechos humanos, sobre todo los llamados DESCA, es decir, económicos, sociales, culturales y ambientales. Reto a las autoridades autónomas y judiciales de defensa de Derechos Humanos a hacerse cargo de este tema y a los despachos de litigio estratégico a abrir brecha…

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