Cárcel a los impunes

Ningún delito es perpetrado luego de la sentencia. De ahí que la justicia actúa contra los transgresores una vez que son cometidos los agravios a la sociedad. Es decir, en el pasado se cometió el delito que arroja en el presente un merecido castigo.

Es común escuchar a los miembros de la oposición decir que el actual gobierno hace referencia continuamente al pasado y culpa de la actual situación del país a los gobernantes anteriores, lo que en realidad quieren alejar es la posibilidad de que viendo hacia el pasado surjan evidencias de delitos de los anteriores.

La oposición tiene pavor a las menciones a las anteriores administraciones y sus omisiones y acciones, no es precisamente por miedo al desprestigio sino a la cárcel, donde deberían estar varios ex funcionarios que pensaron que la impunidad continuaría.

En términos reales México viene de una dictadura, represiva, autoritaria, violatoria. Así como cuando en 1985 se juzgó a los generales argentinos por torturar y desaparecer gente, también en México debe haber este tipo de juicios, porque en el pasado hubo desapariciones, torturas, asesinatos, encarcelamientos, peculados, complicidades con el crimen organizado, corruptelas de todo tipo. Todo esto está registrado en medios, denuncias penales, recomendaciones de derechos humanos, etc.

Sin embargo, ante cualquier agravio verbal que sugiera que los funcionarios del pasado son delincuentes comunes surge la respuesta inmediata que habla de persecución política. Así, cuándo podrá haber justicia en México si los asesinos de los mexicanos siguen libres, sus torturadores, sus agresores, explotadores, etc.

Desde el momento en que se encontró la economía mexicana en estado de quiebra. Como si hubiéramos vivido una guerra, la justicia debió actuar contra ellos. Los fiscales debieron reunir evidencias para inculparlos, pero hubo mucha precaución, incluso miedo ante la respuesta de la población que esperaba que sucediera los mismo que en 2000 cuando gana el PAN y no pasa nada.

Las investigaciones debieron profundizar, convocar a la población afectada, reunir a los colectivos de desaparecidos, reunir a la población a partir de muestras evidente de la violación constate a los derechos humanos. No hacer no sólo es negligencia sino complicidad.

El poder fáctico al que debe también combatirse, financió las anomalías de sus gerentes instalados en los puestos de los tres niveles de gobierno debe tener su castigo en caso de existir. Pero vemos que la impunidad impulsa su resurrección.

Nadie quiere inocentes en la cárcel, pero es vergonzoso que no estén en los reclusorios quienes cometieron delitos contra la integridad de los mexicanos.

Tratar de prohibir hablar del pasado convoca a la impunidad, presionar para que no se hable de lo sucedido es atentar contra la memoria y la dignidad de los mexicanos y esto, aunque era una costumbre en el pasado, hoy y siempre es un delito.