Confesión de parte

Que buena declaración hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el martes pasado al reconocer que las armas que utiliza el crimen organizado en México, provienen de Estados Unidos.

Eso, podría ser considerado una declaración de parte, y prueba importante en el juicio que lleva México contra las armerías de Estados Unidos.

En marco de la instalación del Grupo de Alto Nivel del Programa Entendimiento Bicentenario, el diplomático aseguró que aunque el país también tiene responsabilidad en ese problema, "reconocernos que estás armas están viniendo de Estados Unidos".

Más claro ni el agua, pues precisamente este es uno de los argumentos de México para su demanda: que esas armas son vendidas de manera irresponsable, sin control, y a sabiendas que son usadas por los grupos de la delincuencia organizada, por lo que se les hacen diseños específicos.

El Estado Mexicano ha señalado al juzgado que lleva el caso, que esas armas están matando a mexicanos y a sus elementos de seguridad.

Esta declaración, ahora del embajador, da muchas posibilidades a México de ganar el juicio contra las armerías, que hacen diseños llamativos para los cárteles del narco, que no se hagan de la vista gorda.

Este jueves, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se deben indagar casos como el registrado el pasado mes de octubre en Hidalgo, cuando se le decomisó un rifle de los más letales del mundo, propiedad del Ejército de Estados Unidos, a un grupo de la delincuencia organizada en Hidalgo, integrada en su mayoría por chavos y chavas.

Y Sepa La Bola pero... nos dicen que donde todo está de cabeza es en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues su presidente Víctor Martínez Corona ya no sabe que hacer ante decenas, por no decir cientos, de actos irregulares que ocurren en el inmueble de la colonia Doctores.

Y es que a pesar de las reformas administrativas, en la Junta Local no saben como sacar adelante casos que llevan más de 5 años, ni como dar solución a casos extraños en donde pierden los expedientes, o retrasan las audiencias.

Muchos trabajadores señalan que en la Junta Especial número 2, que preside Cristhian Fernando Mendoza, las cosas están que arden porque es la señalada como una donde ocurren muchos casos extraños, que le están pegando a actos de corrupción contra los trabajadores.

Señalan que el patrimonio del presidente se incrementó considerablemente a raíz de dar resoluciones a favor de los patrones en un no 90 por ciento sino 100 por ciento de los casos.

Habrá que ver si se hace una investigación real contra ese funcionario.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado porque los juicios laborales no duren más de un año, pero en la JLCyA eso les entró por un oído y les salió por el otro.