Cuidar a criminales

De alguna manera diversos gobiernos estatales y municipales han renunciado de facto (por voluntad o precaución) al combate al crimen organizado. Y esto no es algo nuevo. Gobiernos municipales que experimentan esta problemática lo hacen bajo el argumento que no tienen las responsabilidades jurídicas ni las capacidades institucionales para hacerlo. Gobiernos estatales en automático transfieren la responsabilidad a la federación sin hacerse cargo mínimamente, son pocos los casos de gobernadores que toman el liderazgo y asumen la tarea como propia sin el descargo de responsabilidades.

Hoy existen gobiernos locales se escudan bajo el argumento de no querer generar más violencia o de concentrarse en la atención de los factores sociales primigenios que generan delitos. Si bien ambos argumentos son correctos y plausibles, la realidad aplastante sobre los hechos de violencia y la brutalidad con la que se cometen, requieren acciones más contundentes y de corto plazo.

Para el caso mexicano no sería deseable en ningún momento la situación que sucede hoy en día en El Salvador relacionada con el estado de excepción y, como consecuencia, la suspensión de derechos fundamentales de los ciudadanos para el combate a las pandillas. Se han registrado detenciones arbitrarias, limitación de los derechos de defensa de los imputados y abusos por parte de las autoridades.

Tampoco un modelo como el de Cesare Mori, el llamado “prefecto de hierro” de Palermo, quien en el contexto del fascismo en Italia y para combatir a los grupos mafiosos, recurrió a las torturas, toma de rehenes de mujeres, niños, ancianos, matanzas de ganados y otros métodos violentos fuera de toda proporción. Bajo su mandato se cree que 11 mil personas fueron arrestadas en Sicilia en tres años, muchas de ellas enviadas a cárceles clandestinas.

Ninguno de los polos es adecuado: ni la pasividad o evasión de responsabilidad, ni un modelo represivo basado en la violación de los derechos humanos. Lo que queda claro es que el combate a la delincuencia es ineludible, sea en esta coyuntura o dentro de seis o quince años. Entre más tiempo pase sin una claridad a nivel federal, estatal y municipal sobre lo que se debe de hacer, más crecerán las expresiones de estas estructuras criminales.

Hoy es un momento crítico para el país. El riesgo que se corre es que los grupos delictivos sigan fortaleciéndose y ganando importancia en los ámbitos económico, social y político. A la pregunta inicial sobre si ya rebasaron al Estado, es probable que en algunos municipios y entidades federativas el crimen organizado efectivamente haya rebasado las capacidades institucionales. Es necesario que este proceso no se profundice, no se agrave y no se vuelva generalizado.* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00