DERECHO QUE NO SE CONOCE, NO SE EJERCE

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ciudadanía empezó a involucrarse poco a poco en el quehacer de la administración pública, en los temas concernientes a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, ingresaron 296 mil 891 solicitudes de información a instituciones públicas del ámbito federal; en la Ciudad de México, se recibieron un total de 103 mil 302 solicitudes durante el periodo de enero a diciembre de 2021.

Si bien es cierto, las cifras muestran una ciudadanía activa e involucrada en los procesos de acceso a la información y de gobierno abierto, también existen sectores de la población que no conocen la existencia de este derecho, prueba de ello, son los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales realizada en 2019, la cual señala que solamente el 54.8% de las personas tienen conocimiento acerca de una ley o institución relacionada con el derecho a la información.

Con respecto a las personas que habían realizado una solicitud de información, la encuesta reveló que solamente el 3.6% lo había hecho alguna vez.

Es por ello, la importancia del trabajo de los organismos garantes, quienes actualmente llevan a cabo el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), con el objetivo de difundir dicho derecho y que se encuentre al alcance de todas las personas.

La información es poder y el derecho a saber de la ciudadanía permite que puedan incidir en la creación de políticas públicas, así como en el mejoramiento de su entorno, por lo cual el Plan DAI, también difunde el uso de la información pública para alcanzar objetivos útiles y concretos.

Actualmente la Plataforma Nacional de Transparencia cuenta con 4,500 millones de registros, con información de más de 8 mil instituciones públicas del país, sin duda, información valiosa a la que la población tiene derecho de accesar, así como de informarse sobre sobre el uso y aprovechamiento de la misma.

En este sentido, la transparencia proactiva es imprescindible para generar información útil que pueda impactar en la mejora y bienestar de la población, por lo que es necesario continuar impulsando esta práctica, que legitima, brinda confianza y fortalece los lazos entre sociedad y gobierno.

La difusión y promoción del derecho al acceso de la información en cada uno de los sectores de la sociedad es clave para una participación ciudadana activa que coadyuve a mejorar la gestión pública, denunciar actos de corrupción, y ser generadora de cambios en la sociedad.

La transparencia, el acceso, uso de la información y la rendición de cuentas públicas, fortalecen el régimen democrático; su implementación constituye un gran avance para el sistema gubernamental, que brinda certeza a la ciudadanía, por lo que la permanencia, independencia, autonomía y trabajo de los organismos garantes es y será trascendental para el país.

Karime Athie Ortiz. Maestra en Administración Pública y maestra en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Especialista en temas de transparencia, combate a la corrupción, derechos humanos y género.

“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país. ¡Hagamos lo que nos corresponde!