Derecho a saber.

El derecho a saber ha adquirido un papel central en el siglo XXI. Prueba de ello son los numerosos instrumentos jurídicos internacionales que lo reconocen como derecho humano, tanto explícita como implícitamente -artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos-. En el plano nacional, en 1990 apenas 13 países habían adoptado leyes regulando el derecho a la información, cifra que ascendió hasta un aproximado de 120 para el 2019.

El análisis sobre la importancia del derecho de acceso a la información debe despejar 2 interrogantes esenciales: ¿Cuáles son los efectos prácticos de que determinado país posea una sociedad atenta y conocedora de los acontecimientos? y ¿Qué impacto tiene esto en la democracia?

El primer efecto radica en una mejora directa en la toma de las decisiones, tanto de los ciudadanos como del gobierno, al ser conscientes de las opciones u oportunidades con que cuentan, así como de sus respectivas consecuencias.

Dentro de un sistema de constante toma de decisiones colectivas como es el modelo democrático, esto resulta de vital importancia, pues una persona consciente de sus opciones elige y actúa de forma informada y, por ende, de mejor manera. Este presupuesto consolida y hace efectivo el control que ejerce la sociedad hacia sus gobernantes, a la vez que mejora la calidad de la rendición de cuentas, evitando abusos y excesos desde el poder público, pues facilita a la gente examinar las acciones del gobierno a partir de documentos, lo que le posibilita el contraste y enriquece el debate sobre las políticas públicas y los resultados obtenidos.

Es ahí donde reside la enorme relevancia del derecho a saber para la consolidación de un régimen democrático, por la sencilla razón de que hace efectiva la participación de la sociedad civil como contrapeso, pues no cabe duda de que, como señalara en su día Joseph Stiglitz, el secreto reduce la información disponible para la ciudadanía, trabando su capacidad de participar significativamente.

Además, el derecho de acceso a la información pública constituye uno de los fundamentos que habilita la democracia deliberativa en los términos expuestos por Habermas, y construye la ciudadanía racional que expone Rawls, pues es a partir del principio de mayor publicidad que todas las personas son capaces de exponer sus preocupaciones e intereses a las autoridades y, de esa manera, construir consensos que sean tomados en cuenta por la opinión pública.

El derecho de acceso a la información pública consolida o restaura la legitimidad de las instituciones estatales, porque permite a la sociedad controlar a sus gobernantes, cuestionando su toma de decisiones; la dota del conocimiento necesario para enriquecer el debate público; fortalece la legitimidad en el actuar del Estado; mejora su funcionamiento y, por último, construye un puente entre sociedad e instituciones para encausar las demandas de la ciudadanía.

Por ello, las acciones de un gobierno democrático auténtico, siempre serán tendientes al fortalecimiento institucional, material y jurídico del sistema de acceso a la información, pero jamás a su debilitamiento.