Derechos humanos y corrupción.

La corrupción es un flagelo que se repite diariamente en nuestro entorno, ya sea por la apropiación indebida del poder público para conseguir intereses particulares, por el desvío de fondos, o por el uso de relaciones ilegales para generar bienes. En conjunto, todos estos actos, a través de su ejercicio, afectan en gran medida al bienestar colectivo, constituyendo diversos obstáculos para nuestro estado de derecho.

De este modo, desde los espacios académicos, se ha logrado reforzar una corriente que se encarga de estudiar la relación que existe entre la corrupción y los derechos humanos. En ese sentido, dentro del ámbito internacional, por conducto de mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Relatoría especial, así como los órganos de supervisión para el cumplimiento de los tratados, han abordado con mayor constancia, el impacto de la corrupción en el ejercicio y la garantía de los derechos humanos.

Así mismo, este vínculo ha sido empleado a nivel regional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ha manifestado a través de numerosas resoluciones que la corrupción se encuentra indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos, por lo que, establecer mecanismos efectivos para combatir y erradicar este problema constituye una tarea urgente para lograr el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial.

De la misma manera, en nuestro país, esta tendencia se ha hecho patente en los últimos años, ya que, por medio de diálogos y estudios cada vez más recurrentes, se ha buscado responder si los compromisos adoptados por el Estado, las instituciones en la materia y el sistema jurídico nacional, resultan efectivos en su conjunto, en la lucha contra la corrupción y su incidencia en las violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anterior, cabe señalar que, si bien es cierto que no todos los actos de corrupción implican una transgresión a estos principios, en muchas ocasiones, la práctica de un acto de corrupción, puede desencadenar en afectaciones para acceder a los derechos de la salud, trabajo, educación, a un juicio justo o a la prohibición de la tortura. De esta manera, resulta claro que, la protección y el fortalecimiento constante a los derechos humanos se presenta como una medida fundamental y como uno de los primeros peldaños en la búsqueda por combatir la corrupción.

Finalmente, debo destacar que, una vez establecida la relación entre los actos de corrupción y su impacto sobre el ejercicio de los derechos humanos, como sociedad, tenemos la obligación de crear conciencia en los distintos sectores de la población, fomentar en las autoridades el respeto irrestricto a un estado que garantice el ejercicio del derecho, generar nuevas posibilidades para accionar a través de nuestros diferentes papeles, e incentivar una mayor colaboración con los órganos del estado con el fin de establecer una sociedad que garantice respeto a lo valores fundamentales y por consecuencia, a los derechos humanos.