EL TRÁFICO DE ARMAS

El gobierno mexicano demandó a las compañías más importantes fabricantes de armas en los Estados Unidos por una cifra que supera los 10 mil millones de dólares, alegando que estas empresas han alimentado la violencia armada dentro del país latinoamericano.

En los pasillos de la Corte Suprema corrió la versión de que pareció inclinarse por bloquear una demanda multimillonaria presentada por México.

Tanto jueces liberales como los conservadores se mostraron escépticos ante la posibilidad de que, las demandas pudieran superar los obstáculos de la ley estadounidense que protege en gran medida a los fabricantes de armas.

Empresas de gran nombre y prestigio como Smith & Wesson apelaron después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda siguiera adelante en virtud de una excepción para situaciones en las que las empresas de armas son acusadas de violar la ley.

Bien vale señalar que este juicio está en sus primeras etapas y que falta un largo trecho por avanzar, sin embargo, parece haberse dado una señal importante por dónde se transitará.

El juez Brett Kavanaugh, apuntó a los argumentos de que muchos productos pueden ser mal utilizados, y una avalancha de demandas podría perjudicar a la economía estadounidense. “Esa es una preocupación real, creo, para mí, sobre la aceptación de su teoría”.

Por su parte, el togado, Samuel Alito planteó dudas sobre si Estados Unidos podría demandar a México por “conductas ilegales” en actividades en suelo mexicano.

Los argumentos coinciden con la entrada en vigor de los aranceles contra México y Canadá, con los que amenazó desde hace tiempo el presidente, Donald Trump. El republicano ha dicho que los aranceles están dirigidos en parte a obligar a los dos vecinos de Estados Unidos a intensificar su lucha contra el tráfico de fentanilo y detener la inmigración ilegal.

Recordemos que hace cuatro años, el Gobierno mexicano presentó su demanda contra algunas de las mayores empresas de armas, entre ellas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock Inc.

México tiene leyes estrictas sobre armas y sólo cuenta con una tienda donde se pueden comprar armas de fuego legalmente. Sin embargo, los poderosos cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando cada año.

El Gobierno mexicano ha señalado que el 70% de esas armas proceden de Estados Unidos, se trafican y venden de forma ilegal en territorio mexicano. La demanda aseguró que las empresas sabían que se vendían armas a los traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron sacar provecho de ese mercado.

Las compañías rechazaron las alegaciones del gobierno mexicano al argumentar que, el país no está en condiciones de demostrar que son responsables de que un número relativamente reducido de personas utilice sus productos para cometer actos violentos.

@ncar7