ESTIGMATIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN

La estigmatización solo obstaculiza los esfuerzos para abordar el problema de las adicciones de manera efectiva y respetuosa de los derechos humanos; las políticas públicas y las leyes que se implementen en beneficio de tener familias fuertes son de suma importancia.

Las adicciones pueden afectar significativamente los derechos humanos de las personas que las padecen, los pueden llevar a la vulneración de derechos fundamentales: a la salud, al trabajo, a la educación, a un nivel de vida adecuado, entre otros.

“La criminalización alimenta las tasas de encarcelamiento, el hacinamiento en las prisiones y la sobrecarga de los sistemas de justicia penal, y expone a las personas a un mayor riesgo de detención arbitraria y de trato inhumano o degradante mientras están encarceladas. Tratar la posesión de drogas para uso personal como un delito intensifica la discriminación. Las personas se encuentran en mayor conflicto con la ley, lo que reduce sus posibilidades de empleo, educación y otras oportunidades de inclusión social”, (ACNUDH 1996-2024).

El consumo de sustancias adictivas puede deteriorar la salud física y mental de una persona, lo que a su vez puede limitar su capacidad para participar plenamente en la sociedad y disfrutar de otros derechos fundamentales.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin importar su condición o circunstancia. Incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la no discriminación, entre otros.

En el caso de las personas que sufren de adicción a las drogas, es importante respetar y proteger sus derechos humanos, incluso cuando están en tratamiento o en procesos de recuperación.

Las personas con adicción a las drogas no deben ser discriminadas por su condición, tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto, derecho a la reinserción social: las personas en proceso de recuperación de la adicción merecen apoyo para reintegrarse a la sociedad de manera positiva. Esto incluye acceso a oportunidades de educación, empleo y vivienda.

Las autoridades, los gobiernos, las familias, la academia, el sector empresarial, las sociedades, sin excluir a nadie, deben ser partícipes en la elaboración e implementación transversal de las políticas públicas enfocadas en la prevención de las adicciones.

Es fundamental que las políticas y programas relacionados con las drogas se basen en un enfoque de derechos humanos, centrado en la salud, la dignidad y la inclusión social de las personas afectadas por la adicción.

Para prevenir la violación a los derechos humanos de todas las personas se trabaja desde cualquier rincón del mundo.