El 8 de marzo

En México, la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, establece, que su objetivo es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, además de establecer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al país hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva tanto en el ámbito público como en el privado. También busca promover el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la eliminación de toda forma de discriminación basada en el sexo o el género. Así, este ordenamiento reconoce que la igualdad no puede limitarse a una declaración de principios. Por ello, establece que sus disposiciones son de orden público e interés social, lo que implica que deben observarse en todo el territorio nacional. La ley también define los principios que deben guiar estas acciones. También, señala que los principios rectores son la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la no discriminación y la equidad, además de todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se trata únicamente de reconocer derechos en el papel, sino de generar condiciones que permitan ejercerlos plenamente. En ese sentido, establece que son sujetos de los derechos que reconoce esa legislación todas las mujeres y hombres que se encuentren en territorio nacional, sin importar su edad, origen étnico o nacional, estado civil, situación migratoria, orientación sexual, condición social o económica, religión, opinión o discapacidad.

Por otro lado, de acuerdo con la Estadísticas a propósito del Día de las Personas Juzgadoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2024 había 1 437 personas juzgadoras en tribunales federales y 5 072 en tribunales y/o juzgados estatales. Asimismo, la participación de las mujeres como juzgadoras fue inferior a 45.0 % tanto en el orden federal como estatal, particularmente en los cargos de magistradas y ministras, donde 1 de cada 4 eran mujeres.

El mismo informe muestra que, aunque el avance es gradual, existen señales de cambio. Por ejemplo, la participación de las mujeres como juezas a nivel federal pasó de 21.0 % en 2016 a 39.2 % en 2024, lo que refleja un incremento importante en la presencia femenina dentro del sistema de justicia.

Aun así, la desigualdad persiste. En los tribunales estatales, menos de 45 % de las personas juzgadoras eran mujeres al cierre de 2024, lo que evidencia que la representación femenina sigue siendo menor en comparación con la de los hombres en espacios clave de decisión institucional.

Estas cifras, por lo que respecta al ámbito de impartición de justicia, permiten entender por qué el 8 de marzo sigue siendo una fecha necesaria. La igualdad sustantiva —la que ocurre en la práctica y no solo en las normas— es un proceso que requiere tiempo, políticas públicas y voluntad institucional. México cuenta hoy con un marco legal que reconoce la importancia de cerrar brechas y construir condiciones más equitativas, pero los datos recuerdan que el objetivo aún está en construcción.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no es únicamente un acto simbólico. Es, sobre todo, un momento para mirar con claridad los avances logrados y reconocer que México todavía tiene mucho trabajo por delante para alcanzar una verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Porque las leyes marcan el camino, pero es la realidad cotidiana la que termina demostrando si ese camino realmente se está recorriendo.