El efecto Rocha Moya

Columnas miércoles 26 de agosto de 2026 -

Sin duda, Rubén Rocha Moya se convirtió en el nombre político del momento. Su intento de regresar a la gubernatura de Sinaloa, después de más de tres meses de licencia, abrió una crisis que terminó por rebasar al propio mandatario.

El 21 de agosto Rocha Moya volvió al cargo. Su argumento fue sencillo, decidió separarse para no interferir en las investigaciones ministeriales y, al considerar que ya no existía impedimento, regresó. Pero su decisión produjo una reacción inmediata al interior de su partido Morena y, sobre todo, desde la Presidencia de la República.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó en abril pasado una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas de fuego. El expediente sostiene que habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos; son acusaciones, no una sentencia.

Pero Rocha Moya regresó al poder cuando su situación jurídica seguía bajo investigación en México y con un expediente abierto en los Estados Unidos, quizá con la lectura de obtener fuero, sabedor de contar con un Congreso local a su favor. Pero, la Secretaría de Gobernación aclaró que su reincorporación fue una decisión personal y que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas correspondientes.

Más allá de la culpabilidad o inocencia que deberá determinar la justicia, el costo político era previsible. La mandataria Claudia Sheinbaum calificó como impropio y poco responsable su regreso; por si fuera poco, Morena y diversos políticos también tomaron distancia.

Así, el político oriundo de Badiraguato pasó de ser un gobernador con respaldo a convertirse en un problema para el partido que lo llevó al poder. No porque exista una sentencia en su contra, sino porque decidió colocarse en el centro de una controversia que requería prudencia institucional.

La respuesta llegó rápido. El gobernador solicitó una nueva licencia y este martes el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina hasta el 31 de octubre de 2027.

La decisión ocurre justo cuando el país entra en la antesala de una elección enorme. El proceso electoral federal comenzará el 10 de septiembre y el 6 de junio de 2027 se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Sinaloa estará entre las entidades que renovarán gobernador.

Por este motivo, el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa no debe observarse sólo desde Culiacán. Lo que ocurre en Sinaloa tendrá efectos sobre Morena, sobre la relación con los Estados Unidos y sobre la percepción ciudadana rumbo a 2027.

Por si fuera poco, la mandataria Sheinbaum enfrenta una delicada prueba de autoridad. Ha defendido el debido proceso y ha pedido pruebas a los Estados Unidos; no ha convertido una acusación extranjera en una sentencia mexicana. Esa prudencia jurídica es necesaria. Pero también debe quedar claro que nadie puede utilizar el poder público como refugio personal.

Quizá ahí esté la mayor enseñanza de esta crisis. En política, las decisiones individuales pueden tener consecuencias colectivas. Y cuando un funcionario enfrenta señalamientos de semejante magnitud, el interés personal por recuperar el cargo no necesariamente coincide con el interés superior de preservar la confianza en las instituciones.

Sin duda alguna, la sociedad mexicana necesita que las investigaciones lleguen hasta el final, sin protección partidista y sin condenas anticipadas. Si existen pruebas, que se proceda; si no existen, que se esclarezca públicamente, así lo ha dejado claro Sheinbaum Pardo.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017