El maltrato infantil

Columnas miércoles 27 de agosto de 2025 -

En el municipio mexiquense de La Paz, la violencia contra la niñez mostró una de sus facetas más crueles: la vida de Fernandito, un niño plagiado y asesinado por una deuda de mil pesos. Su madre, Noemí, con discapacidad en el habla, pidió ayuda al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la agencia del Ministerio Público de la entidad. Ninguna autoridad atendió sus súplicas. El resultado fue el silencio institucional y la tragedia irreparable.

La historia de Fernandito es espejo de la fragilidad institucional en materia de protección a la infancia. Si bien el crimen se cometió en territorio mexiquense, la responsabilidad trasciende fronteras administrativas. Cuando un niño muere por negligencia y ausencia de protocolos eficaces, el Estado en su conjunto, sin duda, queda expuesto.

Las cifras globales refuerzan la dimensión de este grave problema. Seis de cada diez niños menores de cinco años sufren castigos corporales o violencia psicológica. Una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres declaran haber padecido abusos sexuales en la infancia. Cada año, alrededor de 40 mil menores son asesinados en el mundo. Estas cifras no son abstracciones: detrás hay vidas truncadas y comunidades marcadas por el dolor.

El maltrato infantil no solo destruye la niñez, también condiciona el futuro de un país. Los sobrevivientes cargan con problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje y mayor propensión a caer en adicciones. El caso del municipio mexiquense de La Paz expone la manera en que la violencia se filtra en los hogares, se nutre de la precariedad y encuentra impunidad en la desatención oficial.

Frente a ello, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado como prioridad la dignidad de la niñez y la defensa de sus derechos. Su administración ha emprendido reformas legales para prohibir castigos violentos, fortalecer el acompañamiento a padres de familia y ampliar los programas sociales que buscan reducir la desigualdad, uno de los factores de riesgo más evidentes en el país.

Sheinbaum Pardo --a través de la SEP, Segob, el IMSS, ISSSTE, entidades federativas, entre otros-- sostiene que la prevención requiere un enfoque multisectorial: escuelas seguras, atención de salud accesible y programas comunitarios que fortalezcan a las familias.

La mandataria ha instruido, además, la ampliación de redes de apoyo para mujeres y personas cuidadoras en situación vulnerable. La apuesta gubernamental va más allá de la asistencia inmediata: se trata de un proyecto, que lidera la Secretaría de Salud federal, que busca modificar de raíz las condiciones que permiten que un niño se convierta en víctima.

El caso de Fernandito obliga a reflexionar a todo el Estado mexicano sobre la deuda pendiente con miles de menores en el país. No es una cifra aislada entre el embrollo gubernamental, ni de un crimen excepcional. La violencia contra la niñez reproduce círculos que se heredan de generación en generación. Sin intervención, el niño golpeado puede convertirse en adulto agresor. Por este motivo debemos interrumpir esa cadena con urgencia extrema.

La experiencia internacional ofrece guías probadas. La Organización Mundial de la Salud recomienda programas de crianza positiva, campañas para transformar normas sociales y servicios de apoyo capaces de detectar el maltrato a tiempo. México tiene los recursos humanos y técnicos para implementarlos, pero hace falta coordinación entre las instituciones.

El futuro de México depende de su capacidad para romper con la normalización de la violencia. Las historias como la de Fernandito deben indignar, pero sobre todo deben transformar la manera en que se gobierna y se protege a quienes representan la esperanza del país.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017