Integridad electoral

Columnas lunes 02 de noviembre de 2026 -

La integridad electoral no comienza el día de la jornada electoral ni termina cuando se cuentan los votos. Empieza mucho antes: en la conducta de las instituciones y de las personas encargadas de organizar, vigilar y calificar los procesos mediante los cuales se origina el poder público.

Por eso, hablar de integridad electoral también implica hablar de ética pública, cumplimiento normativo, prevención de riesgos, combate a la corrupción y buen gobierno.

El compliance, entendido en términos sencillos, supone construir instituciones donde cumplir la ley no sea únicamente evitar una sanción. Significa identificar riesgos, prevenir conflictos de interés, establecer controles, transparentar decisiones, rendir cuentas y corregir oportunamente aquello que se aparta de las normas y de los principios éticos que deben orientar el servicio público.

Nuestra Constitución ofrece una referencia clara. El artículo 134 ordena administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. No son palabras decorativas. Son criterios para evaluar la forma en que se ejerce el poder y se utilizan los recursos que pertenecen a la sociedad.

Benito Juárez lo expresó con una severidad que conserva vigencia: los funcionarios públicos no deben “improvisar fortunas”, sino disponerse a vivir en la “honrada medianía” que proporciona la retribución legal.

La idea resulta especialmente relevante en una época en la que el éxito suele medirse por la capacidad de acumular, consumir y exhibir. Cuando el capitalismo pierde límites éticos y sociales y se convierte en capitalismo salvaje, el dinero corre el riesgo de convertirse en un nuevo dios. El valor de las personas empieza entonces a confundirse con lo que poseen, mientras el hedonismo individual y social alimenta una auténtica sociedad del placer.

Esa lógica también puede penetrar en las instituciones públicas.

Un cargo deja de entenderse como responsabilidad y comienza a verse como oportunidad; el servicio se transforma en privilegio y el interés público cede frente al beneficio personal.

Por eso las autoridades electorales tienen una responsabilidad particularmente alta. Organizan y arbitran los procedimientos mediante los cuales la ciudadanía decide quién ejercerá el poder público. Su legitimidad no depende solamente de aplicar correctamente reglas técnicas, sino también de ser verdaderos faros de esos valores ante la ciudadanía. Esa confianza pública también debe cuidarse todos los días.

Profesionalismo, imparcialidad, transparencia, austeridad, integridad y rendición de cuentas no deberían ser exigencias dirigidas únicamente a partidos, candidaturas o gobiernos. Quienes custodian las reglas electorales deben hacerlas visibles también en su propia conducta.

La democracia necesita instituciones capaces de exigir cumplimiento, pero también de predicar con el ejemplo.

La integridad electoral, finalmente, no consiste sólo en proteger las urnas. Consiste en proteger la confianza pública que permite reconocer como legítimo el poder que nace de ellas.

Flor de Loto: quien custodia la democracia debe comenzar por custodiar su propia integridad.