LEY CORREAS

Columnas martes 10 de marzo de 2026 -

La Ciudad de México es una de las entidades con mayor número de animales de compañía en el país.

De acuerdo con datos del INEGI, más del 60% de los hogares capitalinos conviven con mascotas, y los perros ocupan el primer lugar.

Esto significa que millones de interacciones entre personas y animales ocurren todos los días en calles, parques y plazas.

El problema no es la presencia de animales. El problema es que durante los paseos que llevan a cabo algunos tutores, lo hacen sin las debidas medidas de seguridad.

Hoy, la ley ya establece con claridad una obligación muy precisa: los animales deben transitar sujetos con correa y con las medidas de seguridad acordes a sus características. También señala que permitir que transiten libremente constituye una infracción contra la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la sanción actual para quien no acate estas medidas está clasificada como infracción tipo B.

¿Qué significa esto?

Que puede imponerse una multa de 11 a 40 Unidades de Medida, arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

Y aquí está el punto central: esa sanción ha demostrado ser insuficiente como mecanismo disuasorio.

La Ciudad de México encabeza a nivel nacional los reportes de mordeduras de perro con 13,000 personas.

No hablamos solamente de molestias vecinales, hablamos de niñas, niños y adultos mayores lesionados, hablamos de recursos públicos destinados a atender emergencias que pudieron evitarse, hablamos también de animales que resultan heridos, atropellados o incluso sacrificados por negligencia de sus propios dueños.

La sanción debe ser proporcional al riesgo que se genera.

Por eso proponemos reclasificar esta conducta como infracción tipo C.

¿Y qué implica esto?

Esta iniciativa propone una sanción de 21 a 30 Unidades de Medida, que el arresto administrativo sea de 25 a 36 horas y que el trabajo en favor de la comunidad aumentará de 12 a 18 horas.

Porque lo que verdaderamente disuade no es solamente el dinero.

Lo que verdaderamente genera conciencia es el tiempo, el esfuerzo y la consecuencia directa de incumplir la norma.

No se trata de criminalizar a quienes tienen animales de compañía, al contrario, se trata de proteger a quienes sí cumplen la ley.

Se trata de proteger a la familia que pasea responsablemente a su perro con correa y que hoy se ve amenazada por otro animal suelto.

Se trata de proteger a la niña que juega en un parque, de proteger al adulto mayor que camina por la banqueta y también de proteger al propio animal de compañía que, al ir suelto, puede ser atropellado, envenenado o agredido.

Nuestra Constitución local reconoce a los animales como seres sintientes. Y eso implica una doble responsabilidad: respeto a su integridad y responsabilidad en su tutela.

El espacio público no puede convertirse en una zona de riesgo por falta de cultura cívica.

Legislar sobre este asunto también es enviar mensajes claros y el mensaje debe ser contundente: la tutela responsable no es opcional.

También quiero destacar que esta reforma no es punitivista; es preventiva. No es desproporcionada; es necesaria. No es contra los animales; es en favor de ellos y de la convivencia armónica en nuestra ciudad.

Fortalecer la cultura cívica es fortalecer el derecho a la ciudad, es garantizar que el espacio público sea seguro para todas y todos.