La UNAM en su odisea

Columnas lunes 27 de julio de 2026 -

@arturocarrascoc

La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la institución de educación superior más importante del país, atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. ¿La causa? el examen de ingreso a la licenciatura.

Este año, por primera vez, con el fin de modernizar el proceso de selección y facilitar la participación de aspirantes de todo el país, la UNAM decidió aplicar esta prueba a distancia, mediante un sistema en linea con apoyo de inteligencia artificial. Entre mayo y junio 158,712 aspirantes realizaron la prueba para ocupar uno de los 21,962 lugares ofrecidos.

Antes de dar a conocer los resultados, la UNAM informó que había presentado una denuncia penal por posibles prácticas ilegales de personas y empresas que ofrecieron realizar el examen. La institución también informó que algunos exámenes habían sido cancelados por conductas contrarias a la convocatoria.

Días después, el doctor Luis Ángel Maciel Barón dio a conocer algunos resultados atípicos que observó en los resultados, por ejemplo, que la proporción de aspirantes con más de 100 aciertos habría pasado de 9% en 2025 a casi 30% este año. A la par, en redes sociales también circularon testimonios sobre presuntas estrategias para burlar la vigilancia y compartir las respuestas mediante grupos de WhatsApp. Ante este escenario, la UNAM anunció la suspensión provisional de los trámites de inscripción a licenciatura mientras una comisión revisa lo ocurrido.

Como Odiseo, el camino que tiene ante sí la universidad es por demás complejo y poco claro. En principio no puede responsabilizar exclusivamente a la tecnología. Si bien la empresa a la que pagó más de 41 millones de pesos debe contribuir a aclarar lo sucedido, la obligación institucional de garantizar la integridad del concurso sigue perteneciendo a la UNAM.

Sobre qué hacer con los resultados, a primera vista la UNAM parece encontrarse en dos extremos: validar todos los resultados o anular el proceso. El primero mantendría la sospecha de que algunos lugares fueron obtenidos mediante irregularidades, legitimando así esta situación y dando con ello el mensaje de que ante las faltas no hay consecuencias. El segundo significaría sancionar también a quienes cumplieron con las reglas y obtuvieron un resultado legitimo.

En el camino a su decisión, la universidad debe actuar rápido para no afectar el futuro de miles de aspirantes y su prestigio institucional. Por eso, debe hacer públicos, con las reservas necesarias, el protocolo de vigilancia del examen, los criterios de cancelación, la metodología para identificar irregularidades y el desempeño de la plataforma.

Es necesario también que realice una auditoría de los resultados, que revise de manera individual los casos atípicos y genere un mecanismo para responder a quienes sufrieron cancelaciones. Estas acciones deben sustentarse en evidencia verificable, igualdad de trato, rapidez y transparencia, de lo contrario seguirá abonando a la desconfianza que crece día a día en la opinión pública.

Como dijo la presidenta Sheinbaum, el camino que se tome “es una decisión autónoma de la Universidad”. Tiene razón, pero la autonomía no debe servir como un refugio al escrutinio, por el contrario, implicar afrontar de manera directa y con base en evidencia las consecuencias de las decisiones tomadas.

Como universitario, es difícil ver a mi alma mater atravesar este momento, sin embargo, tengo la plena confianza de que una institución tan importante para el país será capaz de responder de acuerdo con los principios y valores que representa. En esta odisea que atraviesa, la universidad debe encontrar una salida que preserve los derechos de los aspirantes y la confianza pública que la ha convertido en la máxima casa de estudios del país.