La indefinición de la consulta ciudadana

En los próximos días se llevará a cabo un ejercicio inédito en materia de participación ciudadana en el país como lo es la consulta popular. Por primera vez en su historia México pondrá a prueba a nivel nacional una de las figuras de participación ciudadana aprobadas en la reforma política electoral de 2014. Las posiciones alrededor de la consulta han polarizado a la sociedad mexicana: los impulsores de la consulta, el presidente y su partido, la han promocionado como una herramienta para juzgar a los expresidentes por los delitos cometidos; por otro lado, los críticos de la propuesta ven en la consulta una herramienta de propaganda por parte del presidente para seguir polarizando y un ejercicio ocioso, ya que si se trata de juzgar a los expresidentes bastaría con iniciar los procesos judiciales respectivos en lugar de pedir opinión a la población. Analizando con mayor profundidad el tema, el ejercicio parece predestinado al fracaso si es que de buscar justicia se trata, a continuación, se expondrán las razones para establecer dicha afirmación.

En primer lugar, la forma en que quedó plasmado el instrumento en la Constitución establece una considerable cantidad de temas que no sujetos de consulta como: derechos humanos; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Como se puede observar la cantidad de asuntos que no pueden ser sometidos a consulta es muy amplia, de hecho. la efectividad de las consultas aprobadas por la SCJN, ha sido baja, de ahí que iniciativas promovidas por el PRI sobre la reducción de diputados plurinominales o la reforma energética de 2014 promovida por el PRD han sido rechazadas por encontrarse dentro de los temas que no se pueden someter a consulta.

Derivado de esta situación el segundo elemento que se debe considerar son las adecuaciones que se tuvieron que realizar a la pregunta por parte de la SCJN, la pregunta formulada originalmente planteaba la investigación y sanción de los últimos cinco expresidentes por la comisión de delitos, sin embargo, la Corte modificó la redacción ya que vulneraba los derechos humanos de los mencionados, al no respetarse ni la presunción de inocencia ni el debido proceso. Ante dicha situación la Corte decidió modificar la redacción refiriéndose a los expresidentes como actores políticos y modificando investigación y sanción por acciones y esclarecimiento, esto además de formular una pregunta sin contenido tendencioso o juicios de valor, tal como lo establece la Ley sobre Consulta Popular. La modificación de la pregunta generó descontento entre los promotores de la consulta que tenían como objetivo poner en la papeleta a políticos del PAN y del PRI y en la opinión pública provocó confusión sobre a qué y a quién se va a juzgar.

Por último, es necesario considerar el tema de la vinculación de la consulta, nada asegura que el domingo 1 de agosto la participación alcance el 40 por ciento del listado nominal de electores, que es el requisito que establece la ley para dar cumplimiento a lo votado por el electorado. Tampoco las autoridades judiciales se han dado a la tarea de explicar a la ciudadanía la ruta legal que se va a seguir en caso de que se decida emprender acciones legales contra los expresidentes y los delitos por los que se les acusaría.

Lo que este primer ejercicio parece arrojar aun con todos los beneficios que pueda traer la participación ciudadana es que el sentimiento de impunidad prevalezca al no alcanzar el porcentaje requerido o que los intentos por hacer justicia queden únicamente en eso, el tema no se ha planteado con la seriedad ni claridad requerida y en la propuesta parece haber más un ánimo de revancha y propagandístico que de hacer justicia. Por otro lado, dada la complejidad y los requisitos que se establecen parece necesario revisar los requisitos, flexibilizarlos y hacerlos mucho más sencillos para convertir las consultas en una práctica más recurrente que ayude a generar una autentica cultura democrática en el país.

Iván Arrazola. Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto @ivarrcor @Integridad_AC