La voz de todas

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en conjunto dando frutos jurídicos que protegen a la mujer, que otorgan derechos y que castigan a quienes las violentan, algo está sucediendo que en lugar de mitigar la problemática ésta crece de manera significativa.

Las cifras a nivel mundial coinciden con los datos catastróficos de México, en estos casi dos años de pandemia las agresiones contra las mujeres se dispararon. De acuerdo con la ONU en promedio una de cada tres mujeres en el mundo de entre 15 y 49 años de edad ha sufrido violencia física o sexual, siendo los países más pobres con mayor índice de casos.

En México, gracias a la lucha feminista, tomando como base ordenamientos internacionales se han dado pasos legislativos importantes, ejemplo de ello es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual define y tipifica como delito a la violencia contra las mujeres. Mediante reformas se han engrosado los distintos tipos de violencias (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual) las cuales pueden presentarse en el entorno familiar, laboral, en la comunidad, institucional, digital, política y feminicida, además de estipular la alerta de género y la reparación de daño.

De acuerdo con esta tipificación el escenario es aterrador, cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a septiembre en México han matado a 2 mil 840 mujeres, de las cuales 842 fueron consideradas como feminicidio; se tiene el registro de 17,784 carpetas de investigación por el delito de violación y más de 241 mil llamadas de emergencia al 911. La economía también golpeó a las mujeres, del total de empleos perdidos en la pandemia el 80% fueron para este género.

La consolidación de los derechos políticos es otro triunfo de las mujeres, pero a pesar de contar con un marco jurídico que garantiza la igualdad sigue prevaleciendo la resistencia para que las mujeres ocupen los cargos públicos, pareciera que por cada derecho ganado la violencia política en razón de género incrementa al doble. Hoy, gracias a la paridad de manera histórica hay más mujeres gobernadoras, legisladoras, alcaldesas, consejeras electorales y ministras, sin embargo, a pesar de estar en esas posiciones siguen siendo violentadas y excluidas en el ejercicio del poder.

Contar con leyes e instituciones es un paso importante para combatir la violencia estructural que sufrimos las mujeres. Sin embargo, en un país como México donde prevalece la impunidad, se juzga a las víctimas, no se denuncia a los agresores, se criminaliza la protesta y se politiza la desgracia, las autoridades deben ser vigilantes de que se garanticen los derechos y que los discursos deben ir acompañados de acciones. Por ello, implementar políticas públicas con visión de Estado, enfocadas en la educación y en la disminución de la desigualdad económica y social es fundamental para acabar con conductas patriarcales que nos lleven a una sociedad igualitaria y libre de violencia.

Viviana Islas Mendoza Colaboradora de Integridad Ciudadana, Consejera Local del INE Estado de México, Politóloga por la UAM, con estudios en Políticas Públicas, Derecho Parlamentario, Procesos Electorales, Transparencia y Violencia Política contra las Mujeres @VivianaIslasM @Integridad_AC