Las desapariciones forzadas

El gobierno estadounidense sostiene que las desapariciones son un problema persistente en todo el país, especialmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con cárteles o pandillas. Hubo informes de numerosas desapariciones forzadas por parte de grupos del crimen organizado, a veces con denuncias de colusión del Estado con las autoridades. Las investigaciones, procesos y condenas por el delito de desaparición forzada fueron escasos.

Las bases de datos federales y estatales estaban incompletas y tenían problemas de cruce de datos; los sistemas forenses estaban muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal; y el volumen total de casos sin resolver era mucho mayor de lo que los sistemas forenses eran capaces de manejar.

En su recopilación de datos, el gobierno mexicano a menudo combinó estadísticas sobre personas desaparecidas por la fuerza con personas desaparecidas de las que no se sospecha que hayan sido víctimas de desaparición forzada, lo que dificulta la compilación de estadísticas precisas sobre la magnitud del problema.

El extenso documento, recuerda que la Fiscalía General de la República (FGR), que depende de Alejandro Gertz Manero, reportó un total de 2,041 investigaciones federales en curso por desapariciones que involucran a aproximadamente 3,400 personas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG), y familiares de personas desaparecidas, alegaron que los fiscales subestimaron el número real de casos y que realmente son muchos más.

A través de un proceso de evaluación a nivel nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) revisó el número oficial de personas desaparecidas o desaparecidas del gobierno repetidamente a medida que se disponía de datos adicionales.

A julio la CNB informó que había 89.572 personas desaparecidas o desaparecidas en el país. Algunos casos se remontan a la década de 1960, pero la gran mayoría ocurrió desde 2006.

En 2020, se registró el mayor número de casos registrados, con 8626 denunciados como desaparecidos o desaparecidos, frente a los 9185 casos denunciados en 2019. Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, además de la ciudad de México, representaron el 76 por ciento de las desapariciones denunciadas desde 2018 hasta el 30 de junio.

El gobierno federal y los estados continuaron implementando la ley sobre desapariciones forzadas. El 30 de agosto entró en pleno funcionamiento el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Fue creado en 2019 para reunir a expertos forenses nacionales e internacionales para ayudar a identificar 37,000 restos no identificados retenidos en instalaciones gubernamentales, coordinar la implementación de la ley general sobre desapariciones forzadas y asignar recursos a las comisiones estatales de búsqueda.

De este tamaño es la situación que analiza la embajada de los Estados Unidos en nuestro país; por eso es necesario revertir, por lo menos, la política en materia de las garantías individuales a fin de resarcir agravios contras las personas más vulnerables.

Punto Cero

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana consideró que la aplicación del Plan Caseta Segura es un éxito, porque durante 2021 las pérdidas por la toma de casetas fueron de 869.7millones de pesos y a lo largo de dos años se evitó la pérdida de 28 mil 62 millones de pesos, es decir, 79 por ciento.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz